Jaime Mañalich, exministro de Salud de los gobiernos de Sebastián Piñera, acusó de activismo judicial el fallo de la Corte Suprema que fijó un tope de prima de las Garantías Explícitas en Salud (GES) por parte de las Isapres, asegurando que el máximo tribunal actúa por la falta de legislación y que la determinación "significa una disminución de los ingresos de las aseguradoras".
El fallo, revelado este jueves, dejó sin efecto los incrementos que las isapres habían aplicado en octubre del 2022 hasta un promedio de 12,6 UF (454 mil pesos), valor que se reajusta cada tres años.
En detalle, estableció que "la base del alza es de 7,22567 unidades de fomento anual por beneficiario, promedio del Estudio de Verificación de Costos elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, el cual no puede afectar el valor ya establecido en el periodo 2019 - 2022 por cada isapre".
Frente a esta determinación, Mañalich indicó que "hay activismo en el sentido de legislar en ausencia de un pronunciamiento de los colegisladores constitucionales y en una suerte de menos activismo de lo que ocurrió con el fallo de la tabla de factores".
"Lo que es un hecho es que este fallo tiene un efecto prospectivo, en el sentido de que de todas maneras las cifras de prima auge se tienen que ajustar a lo definido por la Corte Suprema de aquí adelante. Eso significa una disminución de los ingresos de las aseguradoras", advirtió el médico.
Tras el fallo, las isapres que tenían un cobro menor a 7,2 UF anuales por concepto GES sí podrán ajustar el valor hasta este monto, cosa que ocurriría con dos instituciones: Consalud y Banmédica, las que ya suspendieron la venta de planes de salud junto a isapre Vida Tres.
"EL SISTEMA COMO LO CONOCEMOS ESTÁ MUERTO"
Este tercer fallo podría significar 516 millones de dólares de déficit anual para las aseguradoras, lo que sumado a los 1.400 millones de dólares que -según la Superintendencia de Salud- deben restituir tras el "supremazo" previo sobre las tablas de factores, casi cuadruplica su patrimonio.
Debido a este escenario, el exsuperintendente de Salud Manuel Inostroza acusó una responsabilidad compartida de todos los sectores y que la Corte está pasando a llevar las atribuciones de los legisladores, convirtiendo este fallo en una especie de política pública.
"El tema es que todos asumiendo la cuota de responsabilidad que tenemos, la derecha dura y las isapres que no quisieron hacer las reformas que eran necesarias desde 2010, y ahora la izquierda, que se da cuenta que si no sustituye al sistema isapre con algo distinto la crisis que se le va a generar al sector público va a ser mucho más complicado, bueno, llegar a un acuerdo en esa reforma estructural que no quisimos hacer, creo que es la manera de de resolver el problema de aquí para adelante", advirtió la otrora autoridad.
Inostroza aseguró que "el sistema como lo conocemos está muerto y seguir haciéndole parches al sistema tal como lo conocemos no tiene ninguna viabilidad".
SUPERINTENDENTRE DESDRAMATIZA IMPACTO
Por su parte, el superintendente de Salud, Víctor Torres, desdramatizó de momento el impacto del nuevo fallo, dado que no ordenó una devolución general de los eventuales cobros en exceso por la prima GES -que se rumoreaba en la previa-, sino que instruyó el ente regulador que resuelva individualmente cada caso.
"Es distinto el efecto que puede tener una devolución masiva en términos generales que ésta sea resuelta caso a caso, como se resuelve por la vía arbitral habitualmente por parte de la Superintendencia, puesto que no tiene un impacto sobre la provisión que requeriría una eventual deuda que podría haber sido calculada inmediatamente si hubiera sido otra la instrucción", expuso.
Por ello, "no pone en riesgo, inmediato al menos, los indicadores de patrimonio y otros que tenemos que ir observando desde el punto de vista de la insolvencia", afirmó, apuntando que "seguramente muchos de esos análisis venían más bien de los trascendidos que de la lectura propia del fallo".
