La Asociación de Isapres planteó que el reajuste de precios sea visado por un grupo de expertos, para así detener la gran cantidad de juicios iniciados por los usuarios para evitar estas alzas.
Como consignó El Mercurio, las isapres debieron pagar más de 21 mil millones de pesos en costas de juicios durante 2015, año récord que registró más de 133 mil acciones legales.
En un escenario calificado como de "inestabilidad e incertidumbre" financiera, las isapres encargaron una evaluación del sistema al Instituto de Administración de Salud de la Universidad de Chile, en el que plantean un procedimiento para regular estas readecuaciones.
Los especialistas sostienen que se trata de un mecanismo independiente de reajuste de tarifas, que introduce transparencia en el sistema y en el cual las isapres "están dispuestas a entregar su facultad de modificar el precio de sus planes a un panel de expertos, para que vise dichas modificaciones".
Este panel sería un órgano "técnico y autónomo" integrado por cinco profesionales "altamente calificados, cuyo trabajo será remunerado", quienes serán elegidos por el Ministerio de Salud y las isapres.
"Nosotros creemos que esto demuestra que hay fórmulas que se podrían echar a andar para solucionar el problema más urgente, que es la judicialización, y que la Superintendencia de Salud lo podría normar", indicó el gerente de Desarrollo de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón.
Respuesta de la Superintendencia
La Superintendencia de Salud recibió esta propuesta, la que ha sido analizada en diversas reuniones con los actores del sector.
Sin embargo, el superintendente Sebastián Pavlovic explicó que "nosotros compartimos el sentido de urgencia para introducir cambios al sistema, pero nuestra evaluación es que no tenemos un marco legal suficientemente amplio para adoptar este tipo de propuestas".
"Pero, obviamente, estamos abiertos a que en el marco de la discusión en el Congreso de la próxima reforma se puedan abordar estos aspectos", precisó.
Además, Pavlovic recordó que ya se han implementado medidas para regular esta alza, como el denominado "IPC de la Salud" elaborado por la Superintendencia y el INE, pero que no tuvo ninguna incidencia en las cifras de judicialización.