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Suprema otorgó otros seis meses para implementar fallo contra las isapres

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Autor: Cooperativa.cl

El máximo tribunal accedió a la petición de prórroga realizada por la Superintendencia de Salud con la finalidad de continuar con la tramitación del proyecto de ley corta.

Habrá plazo hasta el 30 de mayo del 2024 para dar cauce a lo determinado respecto a la tabla de factores de las aseguradoras privadas.

Suprema otorgó otros seis meses para implementar fallo contra las isapres
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La ley corta dio su primer paso en la Comisión de Salud de Senado, donde se aprobó por unanimidad la idea de legislar.

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La Corte Suprema concedió una nueva prórroga a la Superintendencia de Salud para implementar el fallo que obliga a las isapres a devolver lo cobrado demás a través de la tabla de factores.

"Por el principio de deferencia con el Poder Ejecutivo se accederá a lo solicitado. De conformidad a lo expuesto se accede a la petición (...) y se concede el plazo solicitado a partir del 12 de noviembre próximo", señala el fallo.

La solicitud fue realizada a fines de septiembre por el regulador, y es la segunda vez que la pide: el primer plazo terminó el 30 de mayo del 2023, pero fue extendido por seis meses y se terminaba el próximo 30 de noviembre.

Sin embargo, la Superintendencia solicitó una nueva prórroga por otros seis meses, hasta el 30 de mayo de 2024, con la finalidad de continuar con la tramitación del proyecto de ley corta presentado por el Gobierno. 

Este martes la iniciativa dio su primer paso en la Comisión de Salud de Senado, donde se aprobó por unanimidad la idea de legislar. El próximo martes 10 de octubre se recibirá en la instancia el informe de la Comisión Técnica Asesora que se creó en el marco de este proyecto.

Posteriormente habrá plazo hasta el viernes 20 de octubre para ingresar las indicaciones y luego empezar a votar en particular la ley corta de isapres.

Cabe recordar que el máximo tribunal resolvió el 30 noviembre del 2022 que se deja sin efecto la tabla de factores y dispuso que la Superintendencia de Salud, en ejercicio de sus facultades de fiscalización y dentro del plazo de seis meses, determinará el modo de hacer efectiva la adecuación del precio final de todos los contratos de salud.

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