Usuarios podrán cambiarse de isapre libremente a partir de marzo

Aninat acusó una "judicialización" de la salud.

Con una regulación que podría aplicarse a partir de marzo del próximo año, las isapres y el Gobierno acordaron terminar con  los efectos de las llamadas enfermedades preexistentes y que los usuarios puedan cambiarse libremente entre las empresas del sistema privado de salud.

El anuncio, que se realizó en el Encuentro Nacional de la Salud (Enasa), beneficiará a más de 800 mil afiliados, que por su edad, sexo o enfermedad no pueden por ahora cambiarse de aseguradora, debido también a su condición de riesgo.

"Hay enfermedades, más o menos unas 50, 60, que potencialmente pueden generar un poco de cautividad, entonces tener un sistema que se parezca a una especie de Unión Europea, donde los pacientes puedan con sus cargas ir cambiándose de una isapre a otra, pero con algunas condiciones, para que el sistema tampoco quiebre", explicó el presidente Asociación de Isapres, Eduardo Aninat.

De esta forma, un grupo de patologías como el cáncer, infarto e hipertensión ya no afectarán en el traslado del sistema.

Aninat explicó que las isapres también están preocupadas por lo que califican como "judicialización" de la salud, ya que, según él, hay abogados que se han especializado en litigar contra ellos, buscando lucro personal.

Las denuncias de aumento en los precios de los planes "no sé quién las instala, porque nosotros no lo hemos puesto en la mesa, no tenemos idea lo que va a pasar".

"Obviamente hay mayores costos este año y los resultados de las isapres han sido bastante malos. Pero alguien parece que quiere instalar en noviembre una discusión de precios que tiene que ver entre abril y julio del próximo año", indicó.

Esto luego que en el mismo encuentro un grupo de expertos abogados explicó cómo el alto número de recursos presentados ante la justicia por usuarios en contra de las isapres amenaza con una subida en los costos de la salud privada en el país.

En tanto, otro de los anuncios que se realizaron fue el envío de un proyecto de ley que introduce sanciones para quienes emitan licencias médicas fraudulentas, que incluye multas desde los 540 mil a los 36 millones de pesos y la suspensión de entregar de licencias por un año para médicos reincidentes.