En una audiencia que se extendió por más de 14 horas, el Ministerio Público formalizó a los 30 imputados de emitir licencias médicas fraudulentas, caso en el que investiga los delitos de emisión de licencias falsas, estafa, lavado de activos, fraude de subvenciones del Estado y asociación ilícita, y consiguió la prisión preventiva para siete de ellos.
Ante el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía Metropolitana Oriente acusó que los líderes de la organización constituyeron sociedades médicas y contrataron profesionales extranjeros, quienes emitían estos documentos sin atención real ni diagnóistico.
De acuerdo con los antecedentes del ente persecutor, en los últimos tres años, a julio del 2022, el perjuicio fiscal provocado alcanzó más de 700 mil millones de pesos, equivalente al 25% del presupuesto de Fonasa para pagar licencias.
Uno de ellos creó 10 centros médicos falsos para vender estos documentos fraudulentos.
La fiscal de Alta Complejidad de Crimen Organizado Oriente, Constanza Encina, relató que "los imputados, previamente concertados, actuaron como líderes de organizaciones delictivas destinadas a cometer delitos reiterados de emisión y venta fraudulenta de licencias médicas ideológicamente falsas, negocio delictivo que realizaban a través de distintas sociedades médicas mediante las cuales captaban y contrataban a médicos extranjeros para la emisión masiva y posterior venta ilícita de las referidas licencias médicas, causando de esta forma un perjuicio económico al Fondo de Salud (Fonasa), que pagó por los días de ausencia laboral de los trabajadores en forma injustificada".
Los imputados, detalló la fiscal, realizaron envíos de dinero a Colombia y a Estados Unidos.
El médico investigado que menos licencias emitió lo hizo con 800 permisos, mientras que otro realizó al menos 16.000. Es decir, sólo este último defraudó a Fonasa por 5.000 millones de pesos.
En la audiencia, uno de los abogados defensores solicitó que se leyera cada una de las licencias médicas, lo que fue rechazado por el juez por lo que extenso que sería, sin embargo, se estima que la formalización se pueda extender por varios días.
Las defensa reprocharon que, a su juicio, la argumentos de la Fiscalía apuntaban a "un exordio en base a criterios que se alejan del derecho penal", con "inexistencia de delitos acreditados" y en el marco de un "caso sobredimensionado".
"No he visto a los médicos conversando con los pacientes, denominados 'clientes' de manera peyorativa, su señoría. Aquí no he escuchado ninguna declaración de estas personas, ni ninguna imagen ni grabación ni conversación, que acredite un concierto previo para estar en presencia del artículo 470, número 8, sin perjuicio de que esta defensa cree que el 470, número 8, si se le aplica a alguien es al cliente -para nosotros pacientes- y no a los médicos, su señoría", arguyó una abogada defensora ante el juez.
PRISIÓN, ARRESTO DOMICILIARIO Y ARRAIGO NACIONAL: EL RAZONAMIENTO DEL JUZGADO
La Fiscalía había pedido prisión preventiva para 28 de los 30 imputados. Pasadas las 2 de la madrugada del viernes, el Juzgado de Garantía accedió y decretó la máxima cautelar para siete de ellos, que según el ente persecutor forman parte de "los líderes de esta organización". El tribunal consideró que su libertad es "peligrosa para la seguridad de la sociedad", atendiendo que hubo una "acreditación satisfactoria de los presupuestos materiales y de necesidad de cautela" de la investigación.
En tanto, para otros 21 formalizados impuso las medidas de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de emitir nuevas licencias médicas. "Se limitaron a emitir las licencias médicas, en cantidades importantes, pero no obstante, lo concreto es que los delitos formalizados están más cerca de simple delito y puedan acabar accediendo a pena sustitutiva", sostuvo el magistrado.
Previamente, otras dos imputadas habían sido puestas en libertad: una quedó con arraigo nacional, prohibición de comunicación con los imputados y firma mensual, y la otra, con arresto domiciliario total.
Al considerar los argumentos de la Fiscalía, los querellantes -Consejo de Defensa del Estado y varias isapres- y las defensas, el juez razonó que, en esta etapa procesal, "no está llamado a hacer un ejercicio de la valoración de prueba en el sentido que debe hacerlo el juez sobre el fondo".
En ese marco, apuntó a "los antecedentes en que se funda la Fiscalía para hacer la imputación: el cruce de información, la constatación de un número importante de licencias médicas otorgadas, la suma total de los valores en pesos (...) la oferta de venta de las licencias".
Si bien "no se puede demostrar, porque el Ministerio Público lo dijo expresamente, que en el otorgamiento de cada una de las licencias médicas, en su gestación, se pueda establecer su origen espurio o irregular, falso", lo que "hay que analizar es si la propuesta del ejercicio presuntivo satisface o no ciertos criterios de razonabilidad", continuó.
"¿Es razonable plantear que un médico no puede emitir licencias médicas en la cantidad señalada, por la naturaleza de la atención médica? ¿O se trata de médicos tan trabajadores que por esa razón emiten tantas licencias, como dijo un abogado defensor?", se preguntó el juez.
Ante ello, aunque la Fiscalía no aportó antecedentes para acreditar que cada licencia emitida haya sido falsa, "me resulta difícil, desde un punto de vista lógico y racional, entender que un facultativo, un médico, profesional de la salud, pueda otorgar tal cantidad de licencias médicas sin por lo menos quedar la sensación de que se está ante un comportamiento irregular, y eventualmente constitutivo de delito", se repondió luego.
"Se trata de un comportamiento que se explica a sí mismo, precisamente por la propuesta de ejercicio presuntivo que hace la Fiscalía, es un comportamiento que se basta a sí mismo para por lo menos hacer aparecer un germen de cuestión", concluyó.
El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días, en tanto que quedó pendiente la citación a una audiencia para debatir la reserva de la indagatoria.
