El Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó un fallo histórico de 308 tomos contra 17 integrantes de una red criminal.
El fraude generó un perjuicio que supera los $56.000 millones entre Fonasa y las isapres.
El Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió la sentencia en contra de 17 personas que constituían una organización criminal dedicada a la emisión de licencias médicas falsas.
Alrededor de 308 tomos tiene la sentencia en contra de los involucrados en el considerado uno de los mayores fraudes al sistema de salud registrado en Chile, que tuvo un perjuicio para Fonasa de 50.000 millones de pesos y de aproximadamente 6.000 millones para las isapres.
El tribunal resolvió que los nueve médicos involucrados que emitían licencias fraudulentas quedarán con cumplimiento efectivo de cárcel; así como también otras dos personas: el dueño de un centro médico y una mujer involucrada en la asociación criminal. Para todos ellos, las penas van desde los 10 a los 21 años de prisión, además de millonarias multas económicas que van directo a Fonasa.
Otras seis personas tuvieron condenas que van desde los 5 a 10 años, pero serán cumplidas con libertad vigilada, entre ellos, dos captadores y cuatro compradores frecuentes que no buscaron salida alternativa.
El fiscal Álvaro Pérez señaló que "no solamente fueron condenados los médicos, también otras personas que intervinieron en esta estructura criminal, relacionada fundamentalmente con captadores, y también fueron condenados compradores de licencias médicas. El tribunal hizo una declaración previa en orden a la relevancia, la importancia, la trascendencia de este juicio".
La magistrada Grace Díaz fue enfática en la lectura de sentencia y calificó como una sanción ejemplificada, la que tiene incluso una extensión tal que no puede enviarse por correo electrónico a las defensas de los condenados, y que podrán acceder las defensas solo vía link del Poder Judicial.
El director de Fonasa, César Oyarzo, afirmó que "aquí se ha ratificado que comprar y vender licencias médicas es un delito. Que las asociaciones criminales que se han formado para llevar esto a volúmenes, como señalaba la magistrada, que exceden lo conocido -del orden de los 50.000 millones- constituyen un elemento que tenemos que terminar dentro del país. Es claro que esto es un daño no solo a la figura del Estado, sino a los beneficiarios de Fonasa".
En paralelo, la defensa del doctor Samir Rivaldo, sindicado como líder de la organización y condenado a 21 años de cárcel y a una multa 2.500 millones de pesos, anunció que acudirá a la Corte Suprema para la nulidad de la sentencia, luego que señalar que el médico no recibía dinero de Fonasa, sino de los compradores.
"Fonasa no le pagó ni un peso a las cuentas del señor Samir Rivaldo. Los dineros de Fonasa fueron directamente a los trabajadores que adquirieron la licencia médica. Y es por esto que nosotros como defensa mantenemos la convicción de que él no defraudó al Estado. Vamos a analizar la sentencia con mucha detención para efectos de poder recurrir a la Corte (Suprema) con miras a obtener una nulidad del fallo", aseveró la abogada Doris Espinoza.
Igualmente, todas las defensas anunciaron que recurrirán al máximo tribunal para presentar un recurso de nulidad, lo que tienen un mes de plazo para hacerlo. Esto, dado que afirman tener antecedentes de cuadernos de remoción de las dos magistradas que dictaron el caso, que estaría involucrado también al mal uso de licencias médicas. Además, acusan discriminación contra sus representados por ser colombianos.
