Se ha generado "un perjuicio económico al patrimonio fiscal de más de 25 mil millones de pesos", explicó Sergio Muñoz.
Los profesionales ofrecían las licencias a través de redes sociales y no examinaban a los pacientes, de acuerdo a la investigación.
El director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, entregó detalles sobre el modus operandi de los 29 personas -24 de ellos extranjeros- que fueron detenidos por la emisión de licencias falsas.
En una actividad realizada este miércoles, Muñoz precisó que se trata de "una organización criminal, hoy día no tan violenta, no con mucho armamento pero sí con una organización que está otorgando un perjuicio económico al patrimonio fiscal de más de 25 mil millones de pesos".
"Son 29 personas que componían esta organización principalmente compuesta por extranjeros que en el rubro de la salud, médicos, que otorgaban licencias falsas, las cuales se ofrecían a través de internet en redes sociales a través del boca a boca y que obviamente generaba esta emisión de una licencia que en la cual ni siquiera era examinado el paciente", recalcó.
Muñoz añadió que "estas grandes emisiones superan las 1.500 licencias anuales, y eso se traduce a extender una licencia médica cada dos minutos, eso es lo que da esta luz de alerta a Fonasa, específicamente, quien denuncia estos hechos en un trabajo colaborativo, entre la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente y el Ministerio de Salud a través de sus instituciones que intervienen directamente en este ámbito".
En relación con la investigación, el jefe de la policía comentó que "es una organización que tiene una estructura, había captadores, había gente que representaba legalmente a estas clínicas donde operaban de esta forma, pero que son detalle de la investigación que como les digo se va a seguir desarrollando, lo importante es que la evidencia recabada nos posiciona a estas 29 personas como en una u otra de estas actividades como parte de esta organización".
Se trata de 24 médicos de nacionalidad colombiana y otras cinco personas que actuaban como captadoras y representantes legales chilenos y venezolanos.
La organización, considerada criminal, concentraba entre el 35 % y el 40 % del total de licencias que se emiten en el país.
Todos van a ser formalizados mañana por los delitos de asociación ilícita, estafa, emisión de licencias fraudulentas y lavado de activos.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, planteó que "lo que es más grave de todo es que este es un fraude que termina extrayendo recursos del presupuesto de salud que tiene nuestro país".
"Esto no es un robo que le hace un particular a otro particular, esto es un robo que se le hace a todos los chilenos y chilenas, porque estos dineros salen del presupuesto de Fonasa destinado a financiar servicios de salud que la población requiere. Nuestra determinación como Gobierno de Chile es que no solamente se va a perseguir a quienes han emitido estas licencias, sino también a quienes las han comprado. Este golpe es un golpe contra el crimen organizado", recalcó.
Como no se les puede quitar el título profesional, "suspendimos la emisión de licencias, que hoy es de dos meses y se va a ampliar a tres, y las multas de 250 UTM se van a subir a 600 UTM, explicó la ministra de Salud, Ximena Aguilera, que confirmó que el Minsal será parte querellante a través de Fonasa y las isapres.
El presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, dijo que "más allá de lo legal, consideramos que es sumamente importante que volvamos a discutir la posibilidad de recuperar la tuición ética de los colegios profesionales, puesto que a través de este mecanismo podríamos efectivamente determinar que una persona que cometa ilícitos como el que se está investigando no puedan seguir ejerciendo la medicina en nuestro país".
"No podemos seguir poniendo en riesgo el financiamiento de la salud pública en nuestro país a través de ilícitos como estos, con los cuales se podrían haber construido muchos centros de salud a lo largo y ancho de nuestro país", añadió.
Posteriormente, en entrevista con Lo Que Queda del Día, celebró que "la investigación haya terminado con 29 imputados", al tiempo que planteó la necesidad de "no solo sancionar a quienes venden las licencias, sino también a quienes las compran".
Instó asimismo a "seguir avanzando en esta línea: tenemos que aumentar los mecanismos de control, darles recursos a las Fiscalías para que puedan investigar y a las Seremis para que fiscalicen a los grandes emisores de licencias".
De esa manera "podemos evitar estos grandes desfalcos, con los que se podría construir muchos centros de salud", enfatizó.
A nivel profesional, "es tan grave vender una como mil licencias; desde el punto de vista ética es totalmente cuestionable cualquier emisión de licencias que no tengan fundamento médico", sentenció.
