El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago declaró culpables a 17 personas acusadas de emitir 70 mil licencias médicas falsas entre 2020 y 2022, que significaron un perjuicio de 50 mil millones de pesos al sistema de Fonasa.
Del total de condenados, nueve son médicos, todos de nacionalidad colombiana, que conformaron 16 empresas de fachada para cometer los delitos de asociación ilícita, fraude de subvenciones, lavado de activos y emisión de licencias médicas falsas.
Además, otros cuatro sujetos fueron declarados culpables por la compra de al menos 50 licencias a los involucrados en esta causa.
El director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), César Oyarzo, valoró la resolución, antes de asegurar "ya no es un problema de un profesional emitiendo una licencia discutible, sino que son organizaciones criminales establecidas para llevar recursos de la seguridad social a ciertos sus propios beneficios".
Oyarzo expuso la magnitud del fraude: "Para los beneficiarios de Fonasa, es un tremendo impacto. Nosotros habíamos partido, efectivamente, de un piso estimado del orden de los 30 mil millones; en el veredicto escuchamos que esa cifra es más amplia y, según las notas que tomé, estamos más cerca de los 50 mil millones".
En concreto, las estimaciones del Ministerio Público estaban en el orden de los 31 mil millones de pesos, pero en la lectura del veredicto final se aumentó la cifra alrededor de 50 mil millones solo en lo defraudado en Fonasa, a ese monto hay que agregar lo correspondiente a las isapres.
Según el tribunal, el dinero obtenido en estos ilícitos fue destinado, entre otras cosas, a la compra de inmuebles en diversas comunas de Santiago y también en la ciudad colombiana de Barranquilla, y de al menos cuatro vehículos y otras inversiones financieras. Asimismo, los responsables transfirieron parte de estos fondos al extranjero.
El fiscal de Alta Complejidad a cargo de la causa, Álvaro Pérez, detalló: "Ahora viene una etapa para discutir cuáles son los bienes que van a ser objeto de comiso; ya contamos con colaboración internacional a través de la Fiscalía Nacional con la par colombiana y, de hecho, los bienes se encuentran hoy sujetos a medidas cautelares reales, están precautorizados".
"Nuestra idea es solicitar que, mediante una resolución de este tribunal, se pueda hacer la tramitación respectiva con las autoridades de Colombia", sostuvo el persecutor.
Por su parte, Melissa Hohmann, presidenta de Isapres de Chile, reflexionó: "Cuando existe fraude o mal uso de licencias médicas, las perjudicadas son las personas, ya que se desvían recursos que debiesen utilizarse en el cuidado de su salud. Por eso valoramos profundamente el actuar de la Fiscalía en esta investigación, a la que nos hemos sumado como querellantes junto a Fonasa y el Consejo de Defensa del Estado, en un esfuerzo conjunto e inédito para prevenir y castigar estos delitos".
La lectura de sentencia quedó fijada para el 31 de agosto, y los condenados arriesgan penas de entre cinco y 20 años de cárcel, donde las más altas se reservarían a los líderes de la organización criminal.
