"Me parece un delito terrible que atenta contra la salud de las personas", indicó la secretaria de Estado.
ISP clausuró 12 farmacias y levantó 82 sumarios contra estos establecimientos desde el 14 de agosto.
La ministra presentó los resultados de las fiscalizaciones junto al director del ISP, Ricardo Fábrega.
La ley de fármacos prohibió desde el 14 de agosto pasado el mecanismo denominado "la canela", sistema que obligaba a los vendedores de las farmacias a vender prioritariamente un medicamento, generalmente más caro, lo que se traducía en incentivos a sus sueldos.
Desde esa fecha, el Instituto de Salud Pública (ISP) ha realizado múltiples inspecciones fiscalizando 227 farmacias (el ocho por ciento de las visitas programadas), tras lo cual se levantaron 82 sumarios, principalmente por falta de químico farmacéutico y no tener la prescripción adecuada de un profesional, sumarios que se traducen en 200 millones de pesos cada uno, además de la clausura de 12 farmacias por aplicar una "nueva canela".
Este modelo consiste en que los vendedores buscan diagnosticar a los clientes para que éstos compren más medicamentos de los que necesitan, estipulado en un instructivo que no está a la vista de los clientes, el cual indica que el farmacéutico debe identificar los síntomas del cliente para ofrecer otros productos complemetarios a los recetados.
La ministra de Salud, Helia Molina, criticó estas disposiciones y acusó que esto se trata incluso de un delito.
"Vamos a hacer las alianzas que corresponden con Sernac, porque hay cosas que a nosotros no nos corresponden pero si tocan el ámbito de la salud, entonces tenemos que asociarnos y terminar con esta lacra que significa una lacra para los enfermos, lacra para las personas sanas, me parece un delito terrible que atenta contra la salud de las personas y ninguna de esas cosas que se recomiendan son inocuas", dijo Molina.
Anuncian sanciones
El director del ISP, Ricardo Fábrega, anunció sanciones en caso de infracciones, asegurando que fiscalizarán todas las aristas pertinentes.
"Creo que aquí ha habido una resistencia de ellos, que tenían otra interpretación, pero creo que les va quedando bastante claro que no les vamos a aguantar que interpreten la ley de tal manera que nada cambie, cosa que debieron hacer durante los seis meses pasados que tuvieron ellos de plazo para revisar todos los contratos y no lo hicieron", sostuvo.
"Entonces ahora va a haber sanciones, es súper simple. Nosotros verificamos los instructivos y verificamos en pantalla y después vamos a verificar los pagos que se le hacen a los funcionarios y también tenemos los testimonios de los mismos funcionarios", añadió la autoridad.
"Cada vez que comprobemos es una multa", recalcó Fábrega.
Trabajadores denuncian nueva colusión
A su vez, el presidente de los trabajadores de las farmacias, Mauricio Acevedo, habló que las grandes cadenas obligan a estas prácticas, acusó colusión y pidió fiscalización de la Dirección del Trabajo.
"Hemos recibido comunicados, estos empresarios son tan poderosos que se atreven inclusive a usar a la autoridad señalando que los distintos documentos que ha emitido la Dirección del Trabajo que establecen que sus modelos están en regla", manifestó.
"Nosotros inclusive hemos denunciado una nueva colusión, porque coincidentemente las tres grandes cadenas de este país aparecen con el mismo modelo en base a categorías terapéuticas", añadió el dirigente gremial.
