Cada dosis de Spinraza cuesta alrededor de 86 millones de pesos, y en algunos casos, se requieren seis dosis por años.
Desde Fonasa aseguran que no hay presupuesto para lograr costear ese tipo de tratamientos.
Ayer miércoles la Corte Suprema falló nuevamente en contra de Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y le ordenó financiar otro caso del costoso tratamiento contra la atrofia muscular espinal, una enfermedad degenerativa que extermina neuronas motoras en niños pequeños.
Esta resolución se suma a la que había emitido en noviembre pasado en este mismo sentido contra Fonasa y otro de septiembre contra la isapre Nueva MasVida.
El tratamiento en cuestión se basa en la acción de un medicamento llamado Spinraza o Nusinersen, el que se inyecta en la médula espinal para evitar la muerte de las neuronas motoras. Cada inyección cuesta alrededor de 87 millones de pesos (unos 125 mil dólares).
Según consignó La Tercera una de las niñas afectadas por esta enfermedad en el primer año de tratamiento necesita la administración de seis dosis. En el segundo año de tratamiento necesita tres dosis, mientras que del tercer año en adelante necesita una o dos dosis anuales. Así, el costo del tratamiento es de 523 millones de pesos solo en el primer año, cifra impagable para cualquier familia común.
La defensa de Fonasa planteó que, a pesar del fallo judicial, no cuentan con el dinero para cubrir el tratamiento, argumentando que no están incluidos en su plan presupuestario y que no cumple con los requisitos para ser directo.
"No hay dinero"
Fonasa explicó a La Tercera que el Spinraza "no ha sido incluido en la cobertura, puesto que no superó criterios objetivos establecidos en un procedimiento previamente creado, el que cuenta con etapas sucesivas que buscan eliminar todo tipo de arbitrariedad en la toma de decisiones de financiamiento de tratamientos de alto costo", y enfatizaron en que la enfermedad de la niña no pudo entrar a la etapa de evaluación porque no cumple exigencias legales debido a que "excede largamente el límite financiero".
Luis Cordero Vega es uno de los abogados que ha seguido de cerca el caso, y aseguró que estos fallos judiciales pueden derivar en la corrección de las políticas públicas.
"La Corte sistemáticamente le ha dicho que los recursos públicos son importantes, pero cuando hay una situación límite, extrema, de vitalidad, esos recursos ceden en favor de la vida", señaló Vega.
