Con un ataúd llegaron este lunes a La Moneda 15 alcaldes de oposición de la Región Metropolitana para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast y manifestarse contra los recortes presupuestarios que, según denunciaron, afectan a la atención primaria de salud y ponen en riesgo la continuidad de programas públicos.
La intervención buscó simbolizar "la muerte de la atención primaria", en medio de acusaciones de desfinanciamiento a cerca de 24 programas vinculados a cuidados paliativos, salud dental escolar, atención de personas postradas y prevención del suicidio.
Los jefes comunales entregaron una carta dirigida al Mandatario, acusando que la disminución de recursos obligará a los municipios a despedir funcionarios y reducir prestaciones en consultorios y centros de salud.
El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, aseguró que "Vamos a tener que despedir porque no tenemos los recursos".
"Hacemos un llamado al Gobierno, al Ministerio de Salud, a Hacienda, que por favor reconsidere la medida porque esto va a significar que la salud pública, en definitiva la atención primaria, va a terminar muerta", afirmó.
En la misma línea, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, denunció la reducción en los fondos destinados a los Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria (Praps).
"A nosotros en abril nos deberían haber llegado 5.000 millones de pesos; nos llegaron 2.500. ¿Qué hago? Despido a la gente, elimino los programas. Porque en estricto rigor tengo que subvencionar con recursos municipales (...) para poder dar este servicio que hoy día los vecinos y las vecinas necesitan", cuestionó.
"Lamento que los alcaldes no hayan entrendido el mensaje"
Tras la manifestación, la ministra de Salud, May Chomali, respondió a las críticas y negó que existan recortes masivos en la salud pública.
"Lamento que los alcaldes no hayan entendido el mensaje que hemos transmitido durante todo este tiempo, en que no hay recortes de programas", sostuvo la secretaria de Estado.
La ministra aseguró además que el Ejecutivo se encuentra revisando las prestaciones "para hacerlas más eficientes y efectivos, es decir, para que lleguen mejor a las personas para las cuales fueron creados".
Chomali reconoció, sin embargo, una disminución de recursos en el programa de atención universal, señalando que los municipios estaban informados previamente de esa decisión presupuestaria.
Desde las organizaciones sociales también surgieron críticas al ajuste. La presidenta de la Asociación Nacional de Consejos y Usuarios de la Salud Pública, Rosa Vergara, advirtió sobre el impacto que podría tener la reducción de recursos en la red asistencial.
"El 85% de la comunidad se atiende en la atención primaria", señaló Vergara, emplazando al Ejecutivo a no disminuir prestaciones relacionadas con salud mental y atención comunitaria.
"Creemos fundamental que el Presidente Kast tome las medidas que corresponda a no rebajar ninguna prestación en atención primaria, ni secundaria, ni terciaria. No queremos que más jóvenes se suiciden, no queremos que más adultos mayores se suiciden", concluyó la dirigenta.