El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, aseveró en El Primer Café de Cooperativa que, al solicitar la cesación en sus respectivos cargos de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y su tía y senadora Isabel Allende -ambas militantes socialistas-, el Partido Republicano incurre en una "exageración intencionada" de la fallida compra de la casa del exmandatario Salvador Allende.
"Entiendo que la mirada de corrección que ha hecho el Gobierno significó incluso el cambio de la ministra de Bienes Nacionales (Marcela Sandoval), pero de ahí a sacar un provecho político, asignándole intenciones tanto a la ministra de Defensa, como a la senadora Allende, me parece un abuso de una contingencia ingrata que no debió ser, que fue con falta de rigores, y tendrá que precisarse dónde se alteraron esos rigores", expresó.
Más allá de que espera sanciones administrativas, insistió en que "lo que está haciendo Republicanos es un punto político muy reaccionario, a sabiendas de que detrás de este hecho lamentable no hay una manifestación ni una idea -como dijo Isabel Allende- de la familia de cometer algún abuso del punto de vista de las obligaciones de Estado".
"Parto del error, seamos claros: no estoy escondiendo el error, sino que estoy diciendo que la interpretación que hace el Partido Republicano es una exageración intencionada desde el punto de vista político", remató Carmona.
A su turno, la secretaria general de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, reafirmó que "se cometió una torpeza sin duda, se cometieron errores sin duda", pero fuera de la eventual responsabilidad de las autoridades, "al interior de los ministerios hay una cadena de mando".
En ese sentido, cree que "hay que hacer una revisión interna, particularmente en el Ministerio de Bienes Nacionales, porque (Fernández está involucrada) tanto cuanto persona, no van a actuar sus asesores (de Defensa) revisando la legalidad, pero en Bienes Nacionales no basta la responsabilidad política".
Diputado UDI apunta al segundo piso de La Moneda
Desde la oposición, el diputado UDI Cristián Labbé hizo ver que antes de que se desatara la controversia, "el Presidente de la República no estaba entendiendo que el Estado se encontraba comprando una casa de la familia donde, curiosamente, una es ministra y la otra es senadora de la República, y la Constitución es muy clara".
"Bienes Nacionales ya pagó los patos, porque es donde estaba radicado probablemente el tema administrativo, el tema contractual, pero en el segundo piso de La Moneda tienen que haber responsables", aseguró el gremialista, acusando que el jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi, "ha estado metido en todas las aberraciones políticas que ha cometido este Gobierno".
Si bien no transparentó su apoyo al requerimiento de Republicanos ante el Tribunal Constitucional, adelantó que en su bancada "estamos evaluando una acusación constitucional, y también la posibilidad de una comisión investigadora, porque esta es de las cosas más graves".
Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, admitió que "me llama la atención que ni la ministra ni la senadora hayan levantado el tema sabiendo que eso no se puede hacer. O sea, uno asume que si son senadora y ministra, conocen al menos sus facultades y sus limitaciones, al menos las que están escritas en la Constitución, eso es lo básico".
Por ende, coincidió en que "los abogados y filtros del segundo piso arrastraron el error, pero el error se origina en darle curso a una actuación que no tiene posibilidad de ocurrir según la Constitución (...) yo no dudo que actuaran de buena fe, pero aquí no se está cuestionando eso, sino que la responsabilidad administrativa que tienen como autoridades".
