Según la investigación, la operación se concretó con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.
El pago de la tercera cuota dependía de que el lugar no fuera declarado como reserva nacional, definición que quedaba en manos del Gobierno.
El Presidente Sebastián Piñera y su familia realizó en Islas Vírgenes Británicas (BVI) la compraventa del controvertido proyecto minero Dominga a su amigo de años el empresario Carlos Alberto Délano, según reveló este domingo la investigación que surgió de los denominados "Pandora Papers".
La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), desarrollada en Chile por Ciper y LaBot, resalta que el Mandatario y su familia fueron en el pasado los mayores accionistas del proyecto minero con el 33 por ciento de sus acciones, las que sumadas a las de Délano tenían el dominio del 56 por ciento de la iniciativa que pretende instalarse en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.
En diciembre de 2010, el fundador de la empresa Penta compró por 152 millones de dólares el procentaje de todos los socios de Dominga. Según la investigación periodística, la operación se concretó con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.
Ambos medios detallan que el pago se efectuaría en tres cuotas. La primera vencía el 10 de diciembre de ese año por 106,8 millones de dólares, la segunda se debía pagar 21 millones de dólares el 18 de enero.
La tercera y última cuota por 9,9 millones de dólares sería pagada a más tardar el 31 de diciembre de 2011. "Sin embargo, -explica la investigación- ese último desembolso estaba sujeto a condiciones: dependía de que no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero".
En concreto, "el pago quedaba condicionado a que el sector no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional, lo que irremediablemente impediría el desarrollo del proyecto Dominga en esa área, así como la construcción de un puerto a 50 kilómetros de distancia".
De esa forma, la transacción final dependía directamente de las decisiones que tomara el primer Gobierno de Sebastián Piñera. En esa época, el Mandatario sorprendió al anunciar que se suspendería la construcción de Barrancones, como así pedían los defensores medioambientales.
En esa oportunidad, Piñera anunciaba a Chile que "he acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza".
Barrancones funcionaría en la misma zona que lo planea hacer Dominga.
Cuando se descubrió que la familia de Piñera estaba detrás del proyecto minero, los diputados realizaron una comisión investigadora que concluyó que era posible, al menos, presumir que Piñera "buscó beneficiar a minera Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera".
Este caso terminó en los tribunales con Sebastián Piñera sobreseído.
"Entre los datos que logró reunir la comisión investigadora no hay nada concluyente respecto a intenciones, pero lo que sí es claro a partir de los nuevos antecedentes contenidos en Pandora Papers es que en el momento en que Piñera bajó Barrancones, los inversionistas de Minería Activa Uno Spa ya habían empezado a armar el esquema que les permitiría cobrar caro por su salida de Dominga", dice el reportaje de Ciper y LaBot.
En su declaración judicial, Piñera aseguró que nunca supo de la inversión realizada en el proyecto Dominga hasta después de terminar su primer mandato, en 2014.
Ante las consultas de Ciper y LaBot para esta investigación, Piñera envió a Nicolás Noguera, gerente general de las empresas de la familia, a responder que el Presidente "no maneja sus negocios desde hace 12 años, no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y está sobreseído por este asunto en los tribunales".
Délano, en tanto, contestó a través de un documento redactado por sus asesores. Allí, dice la investigación, "respondieron que fueron los gestores del fondo que originalmente era dueño de Dominga quienes estructuraron su propiedad en BVI porque la idea original era venderla a compradores extranjeros. Eso explica también, agregaron, que la familia Délano constituyera Delcorp en esa jurisdicción para adquirirla, pero la sociedad se disolvió tras la operación y la propiedad de Dominga está hoy basada en Chile.
"Las sociedades de la familia Délano que adquirieron el Proyecto Dominga cumplieron todas las obligaciones de declaración y/o pago de impuestos que eran aplicables a esa operación", remarcaron.
En cuanto a las condiciones fijadas para el pago de la tercera cuota, los asesores de Délano respondieron que correspondía sólo al 6,5 por ciento total del precio de venta y que las negociaciones se realizaron directamente con el fondo de inversión que vendió Dominga.
La investigación agrega que "sin nombrar al Presidente, descartaron cualquier relación con él en la operación: 'La vinculación de alguna autoridad con esta materia, que insinúa su carta, constituye una especulación completamente infundada que –como es de público conocimiento– fue materia de una investigación del Ministerio Público que fue sobreseída definitivamente, con costas".
La nueva investigación periodística reveló también que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos.
Entre otros, el rey Abdalá II de Jordania gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares, mientras que líderes de República Checa, Kenia y Ecuador ocultaron a las autoridades propiedades y dinero en efectivo, según publicó The Washington Post.
El ICIJ, con sede en Washington y famoso por los llamados "papeles de Panamá", asegura que en la nueva investiigación han participado 600 periodistas que han examinado 1,9 millones de documentos.
