El Gobierno aseguró este martes que no existen fundamentos para formar la comisión investigadora en la Cámara de Diputados que indagará la denuncia de traspasos de millonarios fondos a paraísos fiscales por parte de empresas ligadas al Presidente Sebastián Piñera.
La instancia parlamentaria investigará las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y cualquier otro organismo relacionado con la fiscalización de operaciones financieras, buscando dilucidar lo que estos organismos hicieron o dejaron de hacer en relación con las empresas como Bancard Inversiones Ltda. y Bancard Investment, ligadas al Mandatario, o cualquier otra sociedad con domicilio en paraísos fiscales entre los años 2015 y 2019.
A través de un comunicado de Presidencia, La Moneda aseguró que "no existe fundamento alguno que justifique la formación de dicha comisión".
En el texto, desde el Gobierno sostienen "hace más de 10 años que el Presidente Sebastián Piñera no tiene participación alguna en la gestión ni en las decisiones de Bancard Inversiones Ltda. ni ninguna otra empresa".
"Desde marzo de 2018, y en cumplimiento de la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Interés, los activos accionarios y otros de carácter financieros del Presidente Sebastián Piñera y de la sociedad Bancard Inversiones Ltda. se encuentran bajo la administración de fidecomisos ciegos", agregan en el comunicado.
Presidencia recalca en el texto que "en la actualidad, ni el Presidente Piñera ni los integrantes de su familia poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior".
"Todas las inversiones, ya sean locales o internacionales, se efectúan a través de sociedades constituidas en Chile, tributan en el país y siempre han cumplido con la legislación vigente", sentenció el texto.
La comisión fue solicitada luego que el 6 de diciembre pasado, una investigación periodística publicada por El Desconcierto informara una transferencia realizada en 2015 por Bancard Inversiones Limitada por 96 millones de dólares a una empresa relacionada con sede en las Islas Vírgenes Británicas, territorio incluido en la lista de países consideraros como paraísos fiscales.
