Los alcaldes de Puerto Montt, Quilaco y Mulchén advirtieron al Gobierno ante las trabas operativas que enfrentan los municipios para aplicar la Ley de Seguridad Municipal, normativa que entró en vigencia el pasado 12 de agosto tras cumplirse los seis meses de su promulgación.
A pesar de que el marco legal ya rige formalmente en el país, el Ministerio de Seguridad aún mantiene en trámite ante la Contraloría General de la República los reglamentos indispensables para su ejecución, lo que frena la certificación y entrega de herramientas a los funcionarios de seguridad comunal.
Frente a esto, las autoridades locales explicaron que, sin los protocolos oficiales ni los incentivos presupuestarios correspondientes, los municipios se ven impedidos de dotar y resguardar oportunamente a su personal operativo en las calles.
"La Ley de Seguridad Municipal ya está vigente, pero en Puerto Montt nos encontramos de brazos cruzados esperando los reglamentos del Gobierno. El papel aguanta mucho, pero la realidad de las calles es otra. No podemos ser irresponsables de exponer a nuestros inspectores ni a los vecinos sin protocolos claros, sin certificaciones y sin que el Gobierno garantice los recursos necesarios. Una buena ley no puede convertirse en otra obligación municipal sin financiamiento", advirtió el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt.
Los municipios coinciden en que la legislación no debe transformarse en una carga económica sin respaldo central. (FOTO: cedida)
Gradualidad técnica y necesidad de financiamiento estatal
Desde la Región del Biobío, el alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, señaló que "asumir estas nuevas funciones es un desafío que requiere una planificación financiera muy responsable por parte de los municipios. Actualizar los vehículos municipales, comprar equipamiento de protección certificado y financiar la formación continua de nuestro personal requiere recursos importantes".
"Por eso, implementaremos estas facultades de manera muy gradual y ordenada, buscando siempre el apoyo de los organismos técnicos del Estado para asegurar que la seguridad municipal avance con bases sólidas en beneficio de Quilaco", enfatizó el jefe comunal.
En la misma línea, el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, insistió en que los funcionarios "tienen un tremendo despliegue en el terreno, pero la aprobación de una ley no los capacita automáticamente".
Según indicó, "lo que nos preocupa como municipio es que esto termine siendo otra obligación legal sin el financiamiento estatal que corresponde. No podemos poner en riesgo la integridad de nuestro personal".
