Cientos de miles de armas de fuego con inscripción vigente a nombre de civiles fallecidos, con antecedentes penales o incluso menores de edad, fueron algunas de las irregularidades detectadas por una auditoría de la Contraloría General de la República a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), encargada del control de armas en Chile.
La fiscalización analizó los procesos de inscripción, custodia y destrucción de armas en la DGMN principalmente durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, a fin de "comprobar que la entidad cumpla con las funciones que le encomienda la ley N° 17.798, sobre Control de Armas".
El informe final constató que, de la totalidad de inscripciones de armas vigentes al 31 de diciembre de 2018, 132.921 personas fallecidas figuran en los registros con 182.898 inscripciones vigentes de armas, "lo que deja de manifiesto la falta de análisis, revisión, control y gestión de la información con la que dispone esa entidad en el sistema, relacionada con las inscripciones de armas, los tenedores registrados, ubicación física y destino de las mismas que circulan en el país".
Asimismo, advirtió de que hay 22.987 casos de civiles con antecedentes penales que mantienen armas vigentes. Además, detectó que hay 1.714 personas que "no reúnen la idoneidad requerida" debido a que poseen antecedentes por violencia intrafamiliar; y asimismo, que la DGMN autorizó 5.976 inscripciones de armas a personas que al momento de realizar la actuación mantenían antecedentes penales previos, "transgrediendo la ley".
Desde el Gobierno atribuyeron esta situación a una falta de facultades de que tiene el Estado para fiscalizar el control de armas, por lo que insistió en la necesidad de aprobar la nueva ley sobre la materia.
"La ley de armas está en el Senado, la estamos empujando, estamos trabajando con ellos para poder determinar ahí una legislación moderna y avanzar en esta materia", apuntó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado: "Lo digo porque ahí van a estar también los requisitos que debe tener una persona para poder inscribir un arma. Hoy lamentablemente si esta situación está ocurriendo es porque hay una legislación que es débil en ese aspecto".
MIL ARMAS INSCRITAS A NOMBRE DE MENORES DE EDAD
Asimismo, la auditoría reveló que existen 1.083 armas de fuego inscritas por civiles que a la fecha del referido proceso eran menores de edad. En este marco, la Dirección de Movilización deberá acreditar en un plazo de 60 días los casos que correspondan a aquellos registrados como deportistas autorizados, que es la excepción que contempla la legislación actual.
Asimismo, Carabineros deberá, en el mismo plazo, "proporcionar la documentación que acredite tal calidad de los 34 casos autorizados desde el año 2008, según lo indicado en su respuesta, cuya supervigilancia y control le correspondía desde ese periodo".
Alejandro Rocafort, instructor de tiro en el Club La Reina y perito balístico, criticó que "si no hay nadie para verificar y chequear que eso se cumpla no sirve: ¿Cuántos carabineros o inspectores hay? Cuatro o seis personas dedicadas a la inspección".
"Pensamos que es importante mantener en Chile un sistema estricto de control de armas que no incentive la compra de éstas como mecanismo de defensa, porque está claro que son una solución de mucho riesgo", opinó por su parte Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana.
"RUT CERO" E INSCRIPCIONES ANTES DE NACER
Otra de las irregularidades desveladas es que la Contraloría determinó que la DGMN mantiene 10.677 armas agrupadas bajo la denominación de "RUT cero" por no contar con antecedentes que permitan la identificación del tenedor -tales como RUN y domicilio del mismo-.
Aquello "cobra relevancia", alertó el organismos fiscalizador, "toda vez que 9.088 de ellas se encuentran vigentes, y la DGMN desconoce la identificación del tenedor, su ubicación física y destino".
Incluso se constató que 72 civiles con RUN válidos figuran con armas inscritas "en fechas previas a la data de su nacimiento", por lo que la Dirección deberá estudiar estos casos y determinar la veracidad de los registros en un plazo de 60 días hábiles.
INFORME "LAPIDARIO"
"Este informe es lapidario", enfatizó el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), de la Comisión de Seguridad Ciudadana. "Si queremos combatir el narcotráfico y la delincuencia hay que partir por el control de las armas", remarcó.
Para el diputado Marcelo Díaz (Unir, ex PS), esto "reafirma la importancia de avanzar en el proyecto que presenté hace más de dos años, que se llama 'Chile sin armas', para prohibir como regla general la tenencia y porte de armas, y por esa vía controlar la fuga y la caída de armas en manos de bandas delincuenciales".
Con estos antecedentes, la Contraloría abrirá sumarios administrativos a la DGMN y a Carabineros, y remitirá la información al Ministerio Público para iniciar acciones legales y lograr identificar a nivel de Fiscalías locales a quienes poseen armas inscritas irregularmente.
