Académicos de la Universidad Diego Portales constataron que Carabineros realizó 70 mil 317 controles preventivos de identidad a menores de edad entre los tres últimos trimestres de 2017 y el primero de 2018.
Según informa este domingo La Tercera, gracias a estos registros se encontraron a 1.686 personas con órdenes de arresto pendientes y se efectuaron 1.691 aprehensiones.
Estas personas fueron controladas pese a que la ley indica que "en caso de duda respecto de si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad".
Los académicos Mauricio Duce y Ricardo Lillo consiguieron cifras desagregadas sobre esta práctica a través de una solicitud de Transparencia que en primera instancia fue negada y debieron exigir en un litigio, en el que la Corte Suprema falló a su favor.
Cabe recordar que la semana pasada el Gobierno anunció su intención de ampliar las facultades de estos operativos a jóvenes mayores de 14 años, lo que fue objetado por personeros de distintos colores políticos y expertos.
Ante el eventual debate de esta iniciativa, Duce comentó que si esta se aprueba "lo que ocurre en la práctica es que se deroga el control investigativo".
"Lo único que aporta (la ley actual) es que los recursos policiales se han ido focalizando en una actividad más ineficiente con menos control, porque básicamente la señal política es decirles: 'vamos a seguir permitiendo que ustedes le echen al tun-tun'", explicó.
"Potencial problema de legalidad"
Carabineros efectuó 4.395 millones de controles preventivos en 2018, y producto de ellos controlaron a 73 mil 500 menores, según el comandante Patricio Santos, jefe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros.
El oficial explicó que al momento de realizar este operativo, el funcionario no tiene dudas de la edad de la persona, por lo que ingresa los datos en la Simcard, y en cuanto "el sistema arroja que se trata de un menor de edad" se finaliza el procedimiento, aunque queda el registro de que los datos entraron en esta operación.
Sin embargo, si la base de datos muestra una orden de detención pendiente, el uniformado detalló que "lo que hace el carabinero en el procedimiento regular es comunicar esta situación por teléfono al fiscal y luego se actúa de acuerdo al mandato de la Fiscalía".
Pese a advertir que las cifras deben ser analizadas en profundidad, Mauricio Duce indicó que en estos casos pueden ser motivo para dudar si efectuar la práctica con menores implica "un potencial problema de legalidad".
"A lo mejor es un tecnicismo dentro de la dogmática jurídica, sin embargo, el sentido común me dice que acá hay un mandato judicial detrás de esto que debe cumplirse, pero, en definitiva, quien va a discriminar si se efectúa la detención es el fiscal", admitió Santos, y consideró "absurdo" no concretar la detención de alguien que cuenta con una orden.
Por tanto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, consideró que se trata de una situación "grave, ya que esta constatación da cuenta de que Carabineros está haciendo uso de una facultad que no está prevista por la ley. Y, de acreditarse, sólo refuerza la falta de capacidad técnica que tienen para ejecutar esta función".
