La coalición opositora Chile Vamos condicionó su firma del "Compromiso Transversal por la Seguridad" a cambio de que el Gobierno decrete un estado de excepción constitucional en la Macrozona Norte, que afronta una crisis de seguridad y migratoria.
La idea fue puesta sobre la mesa ayer por el senador Manuel José Ossandón, que representa a la Región Metropolitana, durante la reunión que mantuvo la Comité de Renovación Nacional con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD).
Postura que este martes salieron a apoyar desde el bloque de oposición. El diputado Jorge Guzmán (Evópoli), integrante de la mesa por la seguridad, afirmó que "no podemos comprometer una firma en blanco".
"Estamos dispuestos a estar en la mesa el tiempo que sea necesario, a plantear nuestros requerimientos, a hacer las observaciones que haya que hacer, y vamos a estar dispuestos a suscribir el acuerdo en la medida de que sea un acuerdo de verdad, con plazos establecidos y medidas concretas", sostuvo.
Desde el partido de Ossandón, el jefe de la bancada de diputados de RN, Andrés Longton, reprochó que "no hemos tenido señales respecto de que esas medidas puedan ser impulsadas", respaldando así que "la idea del senador de condicionar la mesa al estado de excepción en la Macrozona Norte es una idea que nace ante la falta de proactividad que ha tenido el Gobierno en esta materia".
La ministra Tohá respondió públicamente hoy, en una entrevista radial, que el acuerdo no pasa por un estado de excepción, que es una decisión propia del Presidente de la República; y apuntó que un nudo importante para concretar el compromiso es el asunto del financiamiento.
GOBIERNO "EVALUARÁ" LA PROPUESTA
Frente a las demandas de la oposición, la ministra del Interior reiteró que "estamos en un grupo de trabajo que está en la última fase de este acuerdo. Ojalá alcancemos hoy a llegar a las propuestas que tenemos para ese compromiso en materia de control de la frontera y de la migración ilegal, y también en todas estas temáticas de crimen organizado".
"Lo que esperaría es que ahí discutamos las distintas propuestas y visiones que hay, y tratemos de construir un acuerdo, porque la idea es sumar voluntades y encontrar un camino que convoque a los distintos sectores, y esas propuestas por cierto se van a evaluar con varias otras que hay", garantizó.
A pesar de la posibilidad de un revés en la negociación, los equipos de Interior mantienen por ahora el 31 de diciembre como plazo final para obtener un consenso.
Desde la oficialista Apruebo Dignidad, la diputada Lorena Fries (Frente Amplio) relevó que "ha sido la intención del Gobierno cumplir con los plazos", pero "no ha sido fácil porque -fustigó- pareciera que hay resistencias a un acuerdo que incluso al principio exigía la derecha".
"Hoy que tenemos las bases de ese acuerdo, que se han discutido todos esos temas, que el Gobierno se ha abierto a considerar cuestiones que inicialmente no estaban, surgen otras condiciones, y con ello probablemente se cerrará el acuerdo con los que quieran estar", advirtió.
GOBERNADOR DE ANTOFAGASTA DESESTIMA IMPACTO DE UN ESTADO DE EXCEPCIÓN
Tohá recibió esta tarde en La Moneda a gobernadores regional para definir compromisos en materia de fronteras.
En ese marco fue consultado Ricardo Díaz, de Antofagasta, quien desestimó el impacto que tendría en su región la medida que pide la derecha: "Hay por lo menos tres unidades militares que recorren la frontera con equipos altamente tecnificados, por eso no me impacta mucho el estado de excepción".
En cambio, puntualizó que "en la mesa estamos pidiendo varios puntos que son claves, por ejemplo, que los gobernadores podamos querellarnos por temas de crímenes de alto impacto social, una competencia que todavía no tenemos y que podría ser a partir de una modificación de ley que nos lo permita".
"También necesitamos más recursos de Carabineros", agregó.
Mañana miércoles habrá reunión con parlamentarios para definir los últimos aspectos del acuerdo, que el Gobierno espera sellar esta semana, antes de fin de año.
