Se fiscalizará y sancionará a organismos que pongan en riesgo la seguridad informática de las personas y el Estado.
La norma se aplicará a servicios estatales y empresas privadas.
Este martes se despacho la Ley de Ciberseguridad de forma unánime en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado, con la que se busca robustecer al país en esta materia y crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).
Asimismo, se instalará el Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes Informáticos (CSIRT Nacional); el CSIRT de la Defensa Nacional; el Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad y la Red de Conectividad Segura del Estado, cuyo fin será regular, fiscalizar y sancionar a organismos que forman parte del ámbito cibernético.
"Llevamos un buen tiempo escuchando periódicamente informes acerca ataques informáticos que buscan robar información, interrumpir el funcionamiento de servicios, perforar las comunicaciones de las personas y poner en riesgo cosas que hoy día son demasiado relevantes, que se desarrollan en los ambientes digitales, tanto como nuestras comunicaciones y servicios esenciales para la vida", señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá.
En ese sentido, aseveró que la medida protegerá y entregará una conectividad segura a las personas.
Ello, se aplicará a Servicios Esenciales (SE) como organismos estatales y servicios prestados bajo concesión de servicio público, tales como transporte, telecomunicaciones, servicios digitales, bancos, medios de pago, servicios de salud, entre otros. Cuya afectación puede poner en riesgo la vida o integridad física de la población o su abastecimiento, la defensa nacional, o la seguridad y orden público.
Así como también a Operadores de Importancia Vital (OIV), instituciones privadas que aunque no sean prestadores de servicios esenciales, hayan adquirido un rol crítico en el abastecimiento de la población, distribución de bienes o producción de aquellos indispensables o estratégicos; el grado de exposición de la entidad a los riesgos y probabilidad de incidentes de ciberseguridad.
"Vamos a lograr estar más seguros. Para que aquellos servicios que se prestan a través de modalidades digitales y también la información que ellos manejan y las comunicaciones entre las personas estén mejor resguardadas con este proyecto", afirmó la secretaria de Estado.
Por otro lado, la ANCI tendrá la capacidad de multar a quienes infrinjan la norma, cuyas sanciones van desde los 0 a 5.000 UTM, en caso de infracciones leves para SE, y hasta 10 mil UTM para OIV; las graves llegarán hasta 10 mil para SE y 20 mil UTM para OIV, y las gravísimas hasta 20.000 para las SE y 40.000 UTM para las OIV.
En cuanto a la discusión general por la agenda de seguridad, la ministra Tohá aseveró que "como Ejecutivo, en ningún momento hemos planteado que nos debemos felicitar; siempre hemos dicho que debemos redoblar esfuerzos, pero cuando hacemos comparaciones con otros esfuerzos que se han hecho en distintos momentos, tampoco podemos negar que se ha logrado un avance muy grande".
"El llamado del Presidente sirve para que, en estos temas tan sensibles para la ciudadanía, pongamos la colaboración por delante. Eso no quiere decir que se renuncie a las diferencias, o que dejemos de debatir, pero hay que debatir para lograr acuerdos al final y decidir", emplazó.
