El pleno de la Corte Suprema elaboró un crítico informe respecto al contenido del proyecto de ley contra las "incivilidades" presentado por el Gobierno, que busca sancionar conductas que afecten la convivencia ciudadana y aumenten la sensación de inseguridad en la población.
"En primer lugar, respecto a los objetivos del proyecto, se estima que éstos parecen no resultar totalmente concluyentes para fundar una propuesta de esta entidad", se afirma en el texto enviado a José Miguel Insulza, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado.
"Las cifras mencionadas en el mensaje que acompaña la iniciativa no coincidirían con las publicadas en la propia fuente citada", dice el documento, donde se advierte que "la teoría criminológica que le sirve de inspiración ha sido objeto de varias críticas, dado el espacio que podría abrir a la discriminación, la xenofobia y el abuso policial", agrega.
"En cuanto a las disposiciones consultadas sobre el expendio de bebidas alcohólicas, las modificaciones no parecen ser precisas", afirmaron desde la Corte Suprema,que también da cuenta de "algunas imprecisiones y omisiones de las que adolece el texto legal".
En tanto, el alcalde de La Granja y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpín, favoreció las observaciones del máximo tribunal para elaborar una "ley mejorada que sancione las incivilidades".
"Hemos pasado a puntos que son realmente extremos en cuanto a los comportamientos de los chilenos. Lamentablemente, no se ha querido mejorar eso por las buenas, por lo tanto, obviamente tiene que haber una ley que pueda aplicar sanciones", precisó.
Chadwick: "Respetable opinión"
Desde el Gobierno agradecieron las observaciones realizadas por el pleno de la Corte, pero apuntaron que el mérito del proyecto debe determinarlo el Congreso.
"Las observaciones técnicas del informe sin duda pueden colaborar para el perfeccionamiento del proyecto y son siempre una buena orientación", comentó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a La Tercera.
Si bien aclaró que el documento es una "respetable opinión", Chadwick precisó que "el mérito de las políticas públicas sobre seguridad ciudadana que se expresan en legislación le corresponde determinarlo al Congreso Nacional".
