El ministro de Justicia, Isidro Solís, respondió a las críticas vertidas por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Marcelo Forni sobre la suspensión de la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal juvenil.
El parlamentario, junto a su colega Felipe Ward, calificó el domingo 7 de mayo de "inconcebible" que el Gobierno no esté en condiciones de implementar la reforma y aseguró que en esta ocasión no estaban dispuestos a darles "un nuevo cheque en blanco" a las autoridades.
"El Gobierno no está pidiendo un cheque en blanco. Es una expresión excesiva para lo que ha sido la actitud del Gobierno", afirmó el ministro Solís en entrevista con El Diario de Cooperativa.
Entre las críticas hechas por Forni estaba que el Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal fue discutida por 12 años y que tuvo calificación de urgencia en 27 oportunidades, por lo que no se podía aceptar la postergación de la normativa aprobada en noviembre de 2005 y que en principio debía comenzar a regir el 8 de junio de este 2006.
El ministro Solís aclaró que "el alegato de que fueron 12 años discutiendo es un alegato que carece de realidad", ello porque "las leyes uno empieza a aplicarlas sólo desde el momento en que la ley se aprueba".
"No existiendo la ley no podríamos empezar a construir los establecimientos, empezar a contratar al personal, empezar a entrenarlo ni a capacitarlo sino desde momentos en que la ley se aprobó, en noviembre del año pasado", dijo Solís.
Además, el secretario de Estado sostuvo que la postergación de la entrada en vigencia del texto legal obedeció a una solicitud de los senadores de "prácticamente" todas las bancadas tras la reunión a la que asistió a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta.
La solicitud fue hecha porque para la fecha en que se debía iniciar con la reforma no estarían habilitados el 100 por ciento de las instalaciones necesarias para el funcionamiento.
"En materia de establecimientos que se denominan semicerrados, para penas alternativas, estábamos todavía con retrasos en la construcción en seis regiones", afirmó Solís.
Plazo de implementación fue escaso
El ministro indicó que el plazo para ultimar todos los detalles desde que se aprobó la ley fue poco. "Seis meses fue un período escaso (...) En seis meses no se podía definir lugares, hacer los planos, licitar las obras y construirlas".
La autoridad indicó también que "vamos a discutir con el Congreso una fecha exacta en la cual, si hoy día tomamos la decisión estatal de paralizar, en el momento en que se acuerde con el Congreso la reforma penal adolescente va a empezar a funcionar".
Isidro Solís afirmó que el martes 9 de mayo irá nuevamente a la comisión de Constitución del Senado, donde expondrá las alternativas que baraja el Gobierno, las que pueden ser un aplazamiento en todo el país o la implementación gradual, comenzando con algunas regiones, de la normativa.
El principal cambio que trae aparejado la puesta en marcha de la ley 20.084 es que baja desde 18 a 14 años la responsabilidad de los adolescentes que cometan delitos o faltas y a quienes se les siga un proceso en la Justicia. (Cooperativa.cl)