El Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y su par de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (Partido Socialista), se reunirán a las 20:00 horas de este martes con los parlamentarios de comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar.
El cónclave busca abordar temáticas relacionadas con migración y crimen organizado, en medio de la ola de homicidios registrada sobre todo en la Región Metropolitana.
Ad portas de la cita, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo (Partido Comunista), planteó que la expectativa de La Moneda es que "sea una reunión constructiva".
Esto luego de que se anunciara la baja de algunos diputados opositores al encuentro, como Andrés Jouannet, presidente de Amarillos por Chile.
"Al final lo que la gente espera es que estas reuniones sirvan para avanzar, que sirvan para fortalecer la unidad de todos los sectores frente a la delincuencia, al crimen organizado, a una inmigración que tenemos que seguir regulando y ordenando, porque es también parte de las preocupaciones no solo de los habitantes de la zona norte de nuestro país, sino que también de todas las regiones; también de la Región Metropolitana", señaló la vocera del Ejecutivo.
De todos modos, desde una parte de la oposición se espera un ánimo crítico con la estrategia de seguridad que ha implementado el Gobierno.
"Vamos a ir a la reunión porque creemos que es importante plantearle directamente al Presidente de la República que los planes para combatir la delincuencia han fracasado, y que es necesario un cambio de timón y que él debe ponerse a la cabeza de esto. Hay un problema de conducción política, hay un problema de gestión, hay un problema de ejecución de recursos públicos que no se está realizando, y vamos a llevarle propuestas claras que ya le hemos llevado en otras ocasiones y que, lamentablemente, no han sido atendidas", adelantó el diputado Andrés Longton (RN).
El legislador recriminó a las autoridades que "todos los días tenemos que lamentar la muerte de un menor, y eso nos tiene en una crisis que es necesario que el Gobierno reconozca y se haga cargo".
LAS DECENAS DE MILES DE EXPULSIONES PENDIENTES
De cara a la reunión, el diputado Henry Leal (UDI) apuntó que "el Gobierno ha reconocido explícitamente, la ministra Tohá, que hay 30.000 extranjeros con órdenes de expulsión; por lo tanto, es de la mayor relevancia que el Estado de Chile, que el Gobierno, conforme un grupo de personas de la PDI o de Carabineros dedicado especialmente a ubicar dónde están esas personas, porque hoy día no lo sabemos, están inevitables. ¿Y que se ha hecho? Nada prácticamente: 600 personas han sido expulsadas en el último año".
"Yo sé que este es un tema que se viene acumulando, pero el Gobierno tiene que hacerse cargo de este tema y dar una solución", agregó el gremialista.
En el oficialismo, la diputada Lorena Fries (FA) cuestionó que "se pegaron en la cabeza" quienes pretenden la deportación de 30.000 personas, "migrantes supuestamente ilegales", porque "la expulsión no solo depende de la agilidad del país en donde estén los migrantes, sino que también depende del Estado que recepciona a esos migrantes".
"Por lo tanto, la colaboración que se está haciendo, por ejemplo, con Bolivia hoy día, va en el sentido correcto. Por otro lado, no hay capacidad institucional para sacar a 30.000 personas, a menos que nos ganemos un conflicto fronterizo con algunos de los países colindantes", sostuvo.
En el marco de los esfuerzos diplomáticos para facilitar las expulsiones, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, se reunió ayer en Chile con su par de Bolivia, que se ha resistido a aceptar reconducciones de migrantes, principalmente venezolanos, que ingresan desde territorio altiplánico a nuestro país por pasos fronterizos no habilitados.
