El Presidente Gabriel Boric presentó este martes el proyecto de ley que busca crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, iniciativa que -según afirmaron desde el Gobierno- es fundamental en la agenda de seguridad.
En la instancia participaron también los ministros de Interior, Carolina Tohá, y de Justicia, Luis Cordero, éste último detallando que la propuesta busca "establecer un servicio público descentralizado sometido a la supervigilancia del Ministerio de Justicia estructurado sobre la base de 16 direcciones regionales", el que -destacó- "en algún sentido se supera el modelo que actualmente existe de la asistencia legal basado en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)".
Pese a que valoró el trabajo que han desarrollado las CAJ, la autoridad advirtió que "lo cierto es que la demanda de nuevas atenciones y particularmente de la posición de las víctimas, exige un sistema algo más eficiente desde el punto de vista del diseño institucional y del rol que le corresponde al Estado en ello".
Ante esto, el proyecto firmado en esta jornada se construye sobre tres ejes centrales que buscan mejorar el trabajo con las víctimas:
- La asistencia a una asesoría jurídica en general pero también especializada en ámbitos tan diversos como la niñez, adultos mayores, la defensoría laboral y en materia de derechos humanos.
- Establece un sistema de resolución colaborativa de conflictos incluyendo la mediación, una experiencia que por más de dos décadas ha sido exitosa en materia de familia y que resulta razonable extenderlo a otros ámbitos con el propósito de congestionar el sistema judicial.
- Establecerá un mecanismo integral de atención de víctimas, en particular en el caso de delitos violentos.
Sobre este último punto, Cordero advirtió que "habitualmente las víctimas suponen acciones en tres ámbitos: el primero en el ejercicio de la acción penal, el segundo en la atención psicosocial y el tercero en el de la información".
"Las víctimas, contrariamente a lo que muchos creen, no solo reclaman la intervención de la acción penal por parte del Estado, especialmente requieren de oportuna atención psicosocial, que alguien efectivamente las acompañe, que pregunte la situación en la que se encuentran y que oriente de alguna u otra manera la forma y modo de abordar la tragedia que acaban de haber enfrentado", destacó la autoridad.
A esto sumó la importancia de que las víctimas reciban "información actualizada y permanente, de ahí que uno de los aspectos claves del desarrollo de este proyecto tenga que ver con el modelo de gestión de información y de atención de casos".
Para concretar el nuevo Servicio, el Ejecutivo presentará una indicación sustitutiva al proyecto de ley en actual tramitación en el Congreso, que fue impulsado en el 2021 por la administración anterior.
"LO RESPONSABLE ES COMO POLÍTICA PÚBLICA Y NO BANDERA ELECTORAL"
En el oficialismo valoraron que la iniciativa sea impulsada como política pública y no como articulado constitucional, como finalmente hizo la derecha al incorporar un capítulo al respecto en la propuesta de Carta Fundamental que se plebiscitará el 17 de diciembre.
"Cuando ponemos el tema de seguridad pública como bandera electoral previo a unas elecciones, me parece que hay una utilización que no sirve para dar respuesta a la ciudadanía. Si vemos la encuesta CEP, la prioridad número (de la ciudadanía) uno es seguridad pública; la dos, salud; y la tres, pensiones. Y la gente está esperando que demos respuesta a sus problemas", emplazó el senador Juan Ignacio Latorre (RD).
En ese marco, "lo responsable es una política pública que el Gobierno presenta, que toma una idea de la derecha, la trabaja, la procesa, se llegan a acuerdos y se implementa", resaltó.
Por su parte, se expresó de manera crítica el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), el diputado Frank Sauerbaum: "Si realmente quieren trabajar con la oposición, le pedimos mayor coordinación no solamente al Gobierno, sino que con sus parlamentarios, porque lo peor que puede pasar es que hagan este anuncio como lo hicieron también con otros proyectos".
"Por ejemplo, en el proceso constitucional anterior prometieron un proyecto de ley para asegurar la propiedad de los fondos de pensión. ¿Quién se acuerda de ese proyecto? No está en trámite porque pasó el plebiscito", recordó.
Esta iniciativa "es un voladero de luces, y cuesta mucho creerle en materia de seguridad al Presidente de la República", cerró.
