El alcalde de Las Condes y precandidato presidencial, Joaquín Lavín (UDI), lanzó este sábado una nueva iniciativa en materia de seguridad ciudadana bautizada como "Sitio del Suceso", una brigada compuesta por ex peritos y funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que tiene por misión actuar ante la ausencia o tardanza de las policías o equipos especializados para acceder al lugar de ocurrencia de un delito en la comuna, ya sea en un espacio público o privado.
"Nosotros hemos querido crear este equipo que es 'Sitio Del Suceso' con personas ex PDI y con peritos criminalísticos que están autorizados para levantar huellas y son especializados en el sitio del suceso, para actuar sólo en los casos en que la policía no vaya", explicó el jefe comunal.
"Al 80 por ciento de los robos que ocurren, tanto en los domicilios como en el espacio público, no va la policía, y hay evidencia. Esa evidencia son cámaras, fotografías, huellas dactilares y, a veces, huellas plantares", dijo Lavín.
"No queremos que esa evidencia se pierda, porque finalmente estamos perdiendo elementos que nos sirven encarcelar a los delincuentes", aseguró.
GREMIO DE PERITOS FUSTIGÓ LA INICIATIVA
A través de Twitter, el Colegio de Peritos de Chile cuestionó la medida tomada por Lavín, señalando que esta brigada no puede alterar el sitio del suceso. Además, expuso que las pruebas se obtendrían de "manera ilegal y no serían válidas ante un juez".
"En nuestro país, ante la ocurrencia de un delito, los primeros concurrentes son miembros de la policía, ya sea Carabineros o PDI. Por ley, ellos están facultados para aislar el sitio del suceso y custodiarlo, a la espera de la concurrencia de un Fiscal si el hecho así lo amerita, quien dará las instrucciones investigativas y ordenará los peritajes correspondientes. Cualquier intromisión de personal ajeno a las instituciones mencionadas constituye una infracción a la ley y puede ser sancionada", indicó el gremio en una declaración pública.
"Lo anterior además implica necesariamente la alteración del sitio del suceso, contaminación de éste y de los indicios o evidencias, violación a la privacidad de las personas involucradas o testigos, y lo más grave, generación de pruebas obtenidas de manera ilegal y que no serán válidas ante un Juez, sino que contribuirán, sin dudas, a confundir a los intervinientes sobre los resultados de las pesquisas y entregar a los medios de comunicación información que sólo tendrá efectos mediáticos con claro perjuicio para la investigación y su resultado final", advirtió.
En ese sentido, la asociación indicó que "los peritos de parte o peritos civiles que participan en la investigación de un hecho delictual o controversial son expertos avalados por su formación teórica, práctica profesional y constante actualización de sus conocimientos, que utilizan metodologías y protocolos de carácter científico y que desempeñan su experticia de manera ética con imparcialidad y objetividad. Lo anterior está indisolublemente unido al respeto al Estado de Derecho y e irrestricto apego a la responsabilidad que implican sus conclusiones que servirán indudablemente para contribuir a más y mejor justicia".
El comunicado concluye que si bien comparten que es "correcto y necesario" instruir a los funcionarios municipales de seguridad respecto de las normas mínimas para aislar el sitio del suceso, hacen presente que "es altamente peligroso e inconveniente el crear falsas expectativas a los ciudadanos que han sido víctimas de un hecho delictual, con la idea de obtener pruebas o evidencias que les servirán para descubrir a los supuestos culpables o lograr su condena a través de soluciones como las que comentamos".
"Lo anterior solo aumenta la desconfianza en las instituciones y permite el ejercicio inadecuado e incluso reviste características de ilegalidad, de personas que, si bien pueden tener muy buenas intenciones, solo complejizarán la resolución de estos hechos", cerró el gremio.
