"Nos parece que esta decisión es completamente equivocada, perjudica la seguridad del país, socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado y son, por lo tanto, malas señales. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir, que no haya autorizaciones de esta naturaleza a líderes de organizaciones criminales".
De esta manera, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reprochó la polémica resolución judicial del juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, de permitir que peligrosos criminales recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad puedan realizar videollamadas.
En un punto de prensa realizado este viernes, la autoridad aseguró que "la opinión del Gobierno ya es conocida, consideramos que este es un hecho grave, por supuesto estamos en contra y el Ministerio de Justicia y Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza".
"Uno de los elementos centrales en la lucha contra el crimen organizado, crimen organizado que comete delitos de secuestro, homicidio y trata de personas, es que sus líderes -que están detenidos- tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tiene sobre la organización, por eso es que esas personas están en módulos de alta o de máxima seguridad", advirtió el representante de Interior.
Ante esto, señaló que "ese esfuerzo que hace el Estado pierde todo el sentido" si finalmente un juez "los autoriza a comunicarse por videollamadas con sus familiares o incluso con eventualmente integrantes de la propia organización criminal".
"Por lo tanto, reiterar que nos parece un hecho grave, no debería ocurrir y a través del Ministerio de Justicia y Gendarmería, el Gobierno va a utilizar todas las herramientas necesarias para evitar que esto vuelva a suceder", puntualizó Monsalve, que aseguró también que el Poder Judicial debe evaluar posibles sanciones contra el juez Urrutia.
Finalmente, el subsecretario destacó la importancia de "cortar de raíz" el crimen organizado y evitar que tomen el control de recintos penitenciarios, algo que se logra con el aislamiento de sus líderes "en módulo de máxima y alta seguridad".
DIPUTADOS DE OPOSICIÓN PIDEN SU REMOCIÓN
Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) aseguró que el juez Urrutia "es un peligro para nuestra sociedad. Su actuar ha estado lleno de activismo judicial. Se ha dado gustitos personales para fallar políticamente, en ningún caso con objetividad, sino que siempre de manera subjetiva. En este caso, además, se alía con las bandas de narcotráfico", y fustigó que "no sé qué más tiene que pasar para que en el Poder Judicial saquen a este juez, porque realmente no puede ser un juez una persona de esta calaña".
En tanto, su par Jorge Alessandri (UDI) comentó que "esto evidentemente va en contra del sentido común, pero va en contra también de esta lucha que estamos perdiendo contra el narcotráfico y el crimen organizado. El Poder Judicial, la Corte Suprema, debiera dar un ejemplo removiendo a este señor".
Mientras que el diputado Raúl Leiva (PS) sostuvo que "esta situación es muy compleja, porque esta resolución no se condice con el nivel de peligrosidad de la principal banda de crimen organizado que opera en nuestro país. Y además es un juez que utiliza una norma general del artículo 10 del Código Procesal Penal, cautela de garantías, pero que no es competente o que no tramita específicamente esas causas".
LAS POLÉMICAS QUE HA PROTAGONIZADO EL JUEZ URRUTIA
No es primera vez que el juez Daniel Urrutia protagoniza una polémica en su calidad de magistrado. Urrutia es una persona muy activa en redes sociales, donde ha manifestado algunas posturas políticas, entre ellas, cuando señaló estar a favor de la opción Apruebo en el primer proceso constitucional.
En esa línea, Urrutia incluso debió dar un paso al costado en el caso del Puente Pio Nono por faltar a la imparcialidad tras haber criticado a Carabineros previamente a través de sus redes sociales, en la que llamó a la disolución de la institución policial.
Asimismo, durante el contexto del estallido social fue ampliamente criticado por revocar la medida de prisión preventiva en contra de 13 integrantes de la denominada "primera línea", dejándolos en arresto domiciliario. En dicha ocasión, el juez Urrutia argumentó que su decisión tenía como objetivo descongestionar la población penal durante la pandemia del Covid-19.
