El plan para asesinar al alcalde Christopher White provocó que la agenda de seguridad del Gobierno volviera a tomar fuerza en el Congreso, donde avanzaron tres proyectos en esta semana: el denominado ley "Antibarricadas 2.0"; el endurecimiento de penas por agresiones a policías; y el que modifica el Código Procesal Penal y la Ley de Registro Nacional de ADN para agilizar investigaciones penales.
Pese a que se encuentra pausada la reforma constitucional de seguridad, pieza central de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), el atentado planeado por el "Indio Juan" encendió el debate entre el Ejecutivo y la oposición por la posibilidad de realizar escuchas telefónicas sin autorización judicial previa, incluida en la propuesta del nuevo estado de excepción.
El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, quien visitó al alcalde White para entregar su respaldo, pidió a la ciudadanía "brindarle el apoyo al Gobierno en sacar adelante una agenda que es necesario que tenga un apoyo transversal en el Congreso para que podamos contar con mejores herramientas".
El exjefe comunal de Puente Alto resaltó que el nuevo estado de excepción de seguridad "permite que las autoridades logren información tan efectiva como la que se tuvo para poder detectar a tiempo la posibilidad de un atentado contra el alcalde de San Bernardo".
"Le digo a los ciudadanos que nos escuchan: ¿Qué es lo que evitó que se ejecutara el atentado contra el alcalde de San Bernardo?", resaltó Codina.
Oposición: "Las escuchas hoy se pueden decretar, pero una masiva sin contrapeso no es democrático"
Desde la oposición, en tanto, mantienen la postura de que la reforma constitucional que presentó el Ejecutivo sea retirada para poder avanzar en proyectos de seguridad que cuentan con apoyo transversal.
El diputado Jaime Mulet (FRVS) subrayó que, actualmente, "las escuchas telefónicas se pueden decretar (vía judicial), hay miles de teléfonos intervenidos en este país. Pero una escucha telefónica masiva sobre un terreno determinado o una comuna completa sin control judicial, no".
"Si usted quiere un estado de excepción, usted puede intervenir las comunicaciones pero con autorizaciones judiciales o con autorización del Congreso, o sea, con control de un poder u otro", apuntó el legislador.
Sin embargo, Mulet matizó: "Usted no puede darle una facultad, aunque sea al Presidente de la República, la atribución de decretar un estado de excepción sin ningún contrapeso por tiempos extremadamente largos. Eso no es democrático".
La falta de consenso sobre la reforma de seguridad mantiene la discusión en la Comisión de Constitución del Senado, sin una fecha clara para ser retomada.
