El ministro de Hacienda, Mario Marcel, pidió al Congreso Nacional que legisle con "celeridad y aplicación", por un lado, el proyecto que fortalece y moderniza el sistema nacional de inteligencia del Estado, y por otro, el que crea el subsistema de inteligencia para perseguir al ruta del dinero del crimen organizado.
El primero se discute desde noviembre del 2018 y se encuentra en su segundo trámite constitucional, en la Cámara de Diputadas y Diputados; y el segundo, que incluye la mentada facultad de levantar el secreto bancario por parte de la Unidad de Análisis Financiero, fue ingresado en mayo del 2023 y permanece en su primer trámite, en el Senado.
En la víspera, tras una reunión de emergencia a raíz de las decenas de homicidios ocurridos en los últimos días, principalmente en la Región Metropolitana, el Presidente Gabriel Boric anunció que les pondrá discusión inmediata a ambas iniciativas, un tipo de urgencia que otorga un plazo de seis días para que cada Cámara las despache.
Una disposición que, sin embargo, no encontró respaldo en el Congreso. "Un sistema nacional de inteligencia no se construye a matacaballo", reprochó el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), presidente de las Comisión de Defensa de la Cámara Baja, donde se encuentra ese proyecto. "No porque el Presidente ha puesto discusión inmediata vamos a tener que trabajar a matacaballo, legislando a la carrera", secundó Iván Flores (DC), jefe de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, donde permanece la ley sobre inteligencia económica.
El ministro Marcel salió a responderles este viernes y cuestionó: "¿A matacaballo después de tantos años de tramitación? ¿A matacaballo mientras el crimen organizado sigue tejiendo sus redes y sus capacidades? ¿A matacaballo mientras comerciantes honestos se ven amenazados física o económicamente? ¿A matacaballo cuando hay personas que están siendo asesinadas por delincuentes organizados?".
Por el contrario, "yo les pido a los parlamentarios más celeridad, más aplicación, que es también lo que espera de ellos el país", instó.
CHILE VAMOS EXIGE NUEVO ESTADO DE EXCEPCIÓN
En paralelo, parlamentarios de Chile Vamos llegaron a La Moneda a entregar una carta donde solicitan que el Ejecutivo respalde o considere su propuesta de reforma que crea un nuevo estado de excepción especial de un año. El objetivo es que permita a las Fuerzas Armadas realizar controles de identidad, vestimentas y vehículos, y acompañar a Carabineros en allanamientos, entre otros procedimientos.
"Hemos traído hoy día una propuesta que se enmarca dentro de un estado de excepción que se empleó en Colombia para enfrentar al crimen organizado. ¿Tendrá el Presidente Boric las agallas para hacer algo de esa envergadura? Yo la verdad me declaro sin esperanza de una cosa así, pero de todos modos hemos querido traer esta propuesta para que se les acaben las excusas", emplazó el diputado RN Diego Schalper.
El UDI Jorge Alessandri remarcó que "Chile Vamos le pide al Presidente que no sea una cárcel de alta seguridad para 500 personas, (sino) que sean 10; (porque) anunciar una cárcel pequeña sin decir dónde, cuándo ni cuánto cuesta, es un anuncio que se lo lleva el viento".
Sin embargo, el Mandatario sí precisó en el anuncio de la víspera que la futura cárcel de máxima seguridad representará una inversión de 90 mil millones de pesos.
A su vez, el diputado RN Andrés Longton apuntó que "también la discusión tiene que ver con el aislamiento y las condiciones de seguridad que van a tener ahí adentro, porque no quiero que empiece la discusión y nuevamente salga el tema de los derechos humanos, que ha sido la bandera de lucha del Partido Comunista y del Frente Amplio".
INSULZA NO INSISTIRÁ CON ESTADO DE SITIO
En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), se reunió con legisladores del Partido Socialista, entre ellos los senadores José Miguel Insulza, Paulina Vodanovic y Juan Luis Castro, quien abrieron el debate para un estado de sitio en la Región Metropolitana; y el subsecretario Manuel Monsalve (PS) hará lo propio con los jefes de las bancadas de la oposición.
Tras la conversación, Insulza dijo que ya no insistirá con la idea. Lo que busca es "asegurar que se vea que hay control del Gobierno sobre la calle y sobre los hechos, eso se hace desplegando una mayor fuerza; por lo tanto, lo que nosotros tenemos pedido formalmente al Gobierno es que le dé discusión inmediata y se apruebe en seis días en el Senado y en seis días en la Cámara la ley de infraestructura crítica que permite desplazar fuerza pública cada vez que se considera necesario en los lugares que determine el Gobierno", explicó.
