Daniel Johnson cuestionó la aprobación de normas sin objetivos claros ni capacidad para implementarlas y fiscalizar su cumplimiento.
El director de la fundación advirtió que un despliegue militar sin tareas definidas puede resultar contraproducente y generar expectativas equivocadas.
El director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, llamó a fortalecer la gestión en seguridad y definir con claridad los objetivos de las medidas, al advertir que la aprobación de leyes por sí sola no garantiza una respuesta efectiva frente a la delincuencia.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Johnson sostuvo que "nosotros somos un país súper legalista. Creemos que vamos a resolver los problemas en general con leyes, y vemos muy pocas veces la capacidad que tenemos de implementarlas correctamente".
El especialista explicó que las normas suelen establecer acciones, como aumentar penas o permitir el cierre de pasajes, pero sus propósitos no siempre quedan suficientemente claros: si buscan disuadir delitos, mantener por más tiempo en prisión a sus responsables o favorecer su reinserción.
"Ese para qué que debería estar en las leyes, nunca, nunca está. Y ese es un problema de la técnica legislativa que tenemos en Chile y es algo que tenemos que superar", afirmó.
Johnson enfatizó que el impacto de una norma también depende de la capacidad del Estado para detectar las conductas que pretende sancionar y fiscalizar su cumplimiento.
"La gestión es lo importante. Está bien, las normas sí lo son, pero la gestión es cómo las implementamos y cuál es el objetivo que tienen", señaló.
El director de Paz Ciudadana vinculó este diagnóstico con la evaluación de las instituciones incluida en el último índice de la fundación, en el que el Congreso obtuvo una nota de 2,7, la más baja entre las instituciones consultadas.
A su juicio, esa calificación refleja una mirada crítica sobre los resultados de la agenda legislativa en seguridad, pese a la aprobación de numerosas normas.
"La ciudadanía de alguna manera percibe que el esfuerzo legislativo no es conducente a tener una mayor seguridad", sostuvo.
Consultado sobre las propuestas para desplegar militares en espacios públicos, Johnson señaló que la medida requiere precisar las tareas que cumplirán y las facultades que tendrán para intervenir.
"Eso pudiera funcionar, pero hay que establecer muy claramente el para qué", afirmó, al distinguir el resguardo de infraestructura crítica de la respuesta frente a delitos comunes.
El especialista explicó que la preparación y el equipamiento militar responden a funciones diferentes de las policiales, por lo que advirtió contra generar expectativas de que su presencia resolverá robos callejeros.
"Si nosotros pensamos que en las estaciones del metro vamos a tener a un militar para que no hayan cartereos, nos vamos a equivocar", aseguró.
Johnson planteó que la falta de claridad puede desvirtuar la medida y provocar cuestionamientos si la ciudadanía espera una intervención que los efectivos no están preparados para realizar.
"Si no lo definimos, nos vamos a equivocar después en la medida y la medida puede ser incluso contraproducente", advirtió.
El Índice Paz Ciudadana 2026 situó en 33,1% la proporción de hogares de las principales ciudades del país que declara haber sufrido un robo o intento de robo durante los últimos seis meses, por debajo del promedio histórico de la medición.
Asimismo, el nivel alto de temor llegó al 20,9%, tras alcanzar alrededor del 30% en 2023.
Johnson valoró ambos resultados como "muy buenas noticias", aunque recalcó que el miedo requiere una respuesta específica, debido a sus efectos sobre la vida cotidiana.
"El temor es el que limita los comportamientos", sostuvo, al explicar que puede llevar a las personas a dejar de salir a determinadas horas o de utilizar espacios públicos.
