En medio del intenso flanco político que ha abierto la propuesta de reforma constitucional en seguridad del Ejecutivo —con reparos que van desde sectores opositores hasta parlamentarios oficialistas—, el abogado y exministro de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero, lanzó este jueves un duro diagnóstico sobre el proyecto en entrevista con El Diario de Cooperativa.
La iniciativa del Ejecutivo —que busca reforzar las facultades del Estado contra el crimen organizado y el terrorismo— ha generado profunda preocupación en diversos sectores políticos debido a la duración de un nuevo estado de excepción por hasta ocho meses sin control parlamentario y a la facultad para intervenir comunicaciones privadas.
"Acumulado, es un proyecto inútil, muy deficiente técnicamente —de verdad estoy muy sorprendido del punto de vista técnico, del punto de vista derecho público— y, tercero, institucionalmente muy peligroso", advirtió Cordero.
Al desglosar el contenido del texto presentado por el Gobierno, el otrora secretario de Estado sostuvo que el articulado no aporta valor a la persecución del delito e incurre en desproporciones jurídicas graves en materia de garantías y derechos fundamentales.
"Tiene una disposición que es completamente inútil, que es incorporar en la Constitución como fin u obligación del Estado el tema de seguridad (...) Es un hecho bastante público y evidente que la jurisprudencia de la Corte Suprema lo orienta de esa manera", fundamentó.
Respecto a las inhabilitaciones de hasta por 15 años en salud, educación y previsión para condenados por terrorismo o crimen organizado, el jurista alertó que "técnicamente es muerte civil, porque es aplicar una sanción bajo umbrales de subsistencia". Además, lo consideró "contraintuitivo a cualquier idea de reinserción".
Sobre la atribución otorgada al Ejecutivo y al Senado para calificar entidades criminales, Cordero acotó que es "una calificación política (que) solo existe en Reino Unido, que es una regla muy discutida y que ha terminado transformándose más bien en una discusión sobre la persecución del derecho a la protesta".
"Pero, además, en todas las experiencias, ¿por qué existe esta regla de poder declarar en vía administrativa, separado de lo judicial? Tiene un propósito y es fundamentalmente hacer aplicable las restricciones de financiamiento y de ocupar el sistema financiero; por lo tanto, tiene que ver con inteligencia financiera. De hecho cuando se aplica, se utiliza información de inteligencia; no información judicial", explicó el exministro.
Sin embargo, señaló que "esta es una Administración que prefiere mirar de lejos los temas de inteligencia financiera. Entonces, no solo es (un proyecto) deficitario en como está diseñado, sino que además no responde a ninguna estrategia".
"Legalismo autoritario"
Frente a la facultad de mantener un estado de excepción por hasta ocho meses sin pronunciamiento del Congreso y con suspensión de garantías individuales, el extitular de Justicia y Seguridad coincidió en la peligrosidad de la figura y la asoció a un modelo de erosión democrática.
"Es un perfil de legalismo autoritario: en el fondo, lo que usted está haciendo es ocupar herramientas que parcialmente parecieran ser legítimas, pero que reunidas lo que hacen es exacerbar el poder del Ejecutivo con costo a derechos esenciales. La literatura lo que dice es que cuando los sistemas legales comienzan a hacer eso, comienzan a ser sistemas de excepción 'Frankenstein', porque usted empieza a sumar cosas y en las costuras es donde se comienza a producir el problema".
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