Aunque "no está en la agenda de fast track legislativo, es una prioridad", afirmó la vocera Camila Vallejo.
El alzamiento del secreto bancario es resistido por parlamentarios de la derecha: "El tema de fondo" es "el derecho a la intimidad", dijo el senador Juan Antonio Coloma (UDI).
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, insistió este lunes en la importancia de apurar la ley de inteligencia económica, que busca castigar a delincuentes y conocer la ruta del dinero que ganan con el narcotráfico u otros ilícitos, con el objetivo de enfrentar al crimen organizado, que este fin de semana se cobró la vida de una niña de 10 años en Maipú.
La iniciativa se encuentra en el Congreso desde mayo del año pasado y con urgencia desde julio.
La norma tiene tres ejes principales: el desarrollo de un ecosistema de inteligencia económica, la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, y la creación de facultades intrusivas y sancionatorias.
"Ahí tenemos otra tarea pendiente que está radicada en el Congreso. Si queremos dar de mejor manera con el paradero de las armas y el negocio que está detrás de las armas, necesitamos la ley de inteligencia económica. Esto no es baladí, no es un eslogan, porque son estas armas de fuego y el negocio que está detrás de ellas es la que está matando a nuestros compatriotas y está matando a nuestros niños y niñas", dijo la portavoz de La Moneda.
Vallejo enfatizó que aunque "no está en la agenda de fast track legislativo, es una prioridad del Gobierno sacar la ley de inteligencia económica".
El proyecto busca hacer la trazabilidad de los movimientos del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado con distintas herramientas fiscalizadoras y de inteligencia, más el levantamiento del secreto bancario bajo reglas especiales, ampliación de rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional robusto, entre otros aspectos.
El alzamiento del secreto bancario es el punto más controversial de la iniciativa y es resistido por parlamentarios de la derecha.
Consultado por este asunto, el presidente del Senado, el UDI Juan Antonio Coloma, explicó a Cooperativa que "el tema de fondo" es "hasta dónde llega el derecho a la intimidad de la persona y hasta dónde llega el derecho del Estado a saber lo que hace una persona con sus recursos".
"Por ejemplo, ¿es razonable que el Estado sepa cuánto gasta alguien en farmacia?", apuntó el extimonel gremialista.
"La norma razonable es que cuando es una sospecha de cualquier tipo se pueda levantar ese secreto y eso ocurre permanentemente hoy día. Nosotros invitamos a distintos profesores para que nos explicaran y hasta ahora no se ha rechazado por parte de la Justicia el alzamiento del secreto bancario", agregó Coloma.
