Polémica ha causado el anuncio del uso de cámaras con reconocimiento facial en el Mall Plaza Los Dominicos, pese al apoyo del gobierno y del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.
Según publicó La Segunda, durante el anuncio, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, manifestó que "estamos muy contentos (...) la seguridad es tarea de todos y el mundo privado no puede estar ajeno".
"El trabajo aquí está coordinado con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, el Gobierno, el municipio y hay disponibilidad de tecnología por parte de este mall, que está siendo entregada a las policías para darles más seguridad a todas las personas", añadió.
Al ser consultada sobre el buen uso de los datos personales, la autoridad precisó que el centro comercial "no pone a disposición las bases de datos o información de sus clientes. Lo que entrega son imágenes que son reproducidas y obtenidas por Carabineros y la PDI, que administran las bases de datos que tenemos como Estado".
Cabe destacar que esta tecnología permitirá identificar biométricamente a las personas, con la emisión de alertas cuando se detecte a alguien con orden de detención pendiente o algún encargo por desaparición.
El alcalde Lavín y la subsecretaria Martorell valoraron el proyecto (Foto: ATON)
Cuestionamientos a la iniciativa
Sin embargo, esta postura fue cuestionada por la ONG Derechos Digitales, donde su analista de Políticas Públicas, Pablo Viollier, planteó que "es inconstitucional" y que se evalúa presentar un recurso de protección.
"Los rasgos faciales son datos personales sensibles, tienen la categoría de mayor protección que entrega nuestra legislación a un dato personal. Se requiere de una autorización legal expresa para poder captar y tratar esos datos", aseveró.
Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, "siempre tenemos que considerar que se trata de datos sensibles, cuyo tratamiento requiere autorización legal o consentimiento del titular. En ese sentido, debemos preocuparnos por los datos de quienes no tienen problemas de índole delictual".
"Se hace necesario contar a la brevedad con un marco normativo adecuado que prevenga eventuales abusos (...) precisamente eso se está legislando en el Parlamento y esperamos que tenga pronto la urgencia que anunció el Presidente Piñera", dijo.
Quien también se sumó a las críticas fue el ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, que escribió en su cuenta de Twitter que rechaza "absolutamente que se utilice este tipo de tecnología que invade la privacidad, transgrede derechos constitucionales y atenta contra honra de personas sólo por investigación de hurtos".