El alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, pidió hacer "bien las cosas" en el plan especial para combatir la delincuencia en la Población La Legua anunciado por el Gobierno, que incluye la apertura de los pasajes cerrados que dificultan el control policial.
La autoridad comunal llegó este martes hasta la Intendencia Metropolitana para solicitar que la apertura sea gradual, en la medida que haya protección para las 22 familias que colindan con la pared que los separa de la zona donde hay presencia de narcotraficantes y armas.
Entre las medidas que solicitó están las de blindar las casas, conseguir subsidios de arriendo o erradicarlos de la zona antes de botar los muros. Además, ha sostenido conversaciones con el Serviu para las soluciones habitacionales para las 22 familias en cuestión.
"Todas las organizaciones, sus líderes, el municipio, estamos de acuerdo con la apertura, pero lo primero que tenemos que hacer es solidarizar con esas 22 familias que, de derribarse los muros, van a ser expuestas", aseguró.
"No estamos hablando de postergar esto por años, estamos llamando a hacer bien las cosas... Podríamos tener una apertura consensuada, bien hecha, antes de que termine el año", afirmó la autoridad comunal.
Se esperaba que este martes comenzaran las obras para derribar los muros, pero el intendente Claudio Orrego acogió los argumentos de Echeverría y los vecinos, por lo que en las próximas horas se comenzará con la apertura de los pasajes que no dan directamente a las casas.
Orrego dijo que la inseguridad "se ha perpetuado en La Legua tantos años por la existencia de estos pasajes ciegos".
"Respecto de la gradualidad, nosotros la acogemos: vamos a generar una mesa técnica con el municipio, en la cual vamos a estar viendo todos los elementos que tienen que ver con las casas, los subsidios de arriendo. El compromiso que yo he asumido como intendente es que, de partir con algún pasaje en los próximos días, van a ser pasajes que no dan directamente a las casas", confirmó Orrego.
En paralelo, el Gobierno y las policías trabajan en los programas de intervención y manejo perimetral de la zona donde al menos viven 14 mil personas.