El Presidente José Antonio Kast salió a responder este martes a los cuestionamientos de la oposición frente al proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad presentado por el Ejecutivo.
Las críticas califican la propuesta como un peligroso paso hacia el autoritarismo, apuntando al impacto que tendría sobre los derechos civiles y el equilibrio de poderes.
Frente a estas imputaciones, y durante un discurso en la ceremonia de traspaso de mando de la Federación de Medios de Comunicación Social, el Mandatario descartó cualquier derivación antidemocrática en la iniciativa e instó a concentrar la discusión en el trabajo legislativo.
"¿En algún momento quien habla no ha respetado los resultados electorales? ¿Alguna vez alguien podría decir que he abusado de alguna facultad para socavar el régimen democrático? ¿Acaso he censurado algún medio de comunicación? Nada de todo eso ha ocurrido, pero siempre va quedando la sospecha y se van generando especies de mitos", sostuvo Kast, que agregó que "lo importante son los hechos".
"Algunos podrán molestarse —y es legítimo— cuando uno plantea un estado de emergencia como el que estamos planteando ahora, pero lo que planteamos es un debate parlamentario. Por eso es tan importante cuidar los dichos y no caricaturizar", enfatizó el Jefe de Estado.
Cuestionamientos por concentración de facultades y "antesala autócrata"
Las objeciones a la reforma de seguridad se han concentrado principalmente en las atribuciones que otorgaría a la figura presidencial.
En opinión del diputado y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, el proyecto supone "un paso peligroso a un Gobierno iliberal, y un Gobierno iliberal es la antesala de un Gobierno autócrata y autoritario".
"Esta reforma constitucional nos parece innecesaria. Se puede avanzar con los más de 30 proyectos de ley que están propuestos. ¿Por qué abrir hoy día un tercer proceso constitucional? Esta no es una reforma constitucional minimalista; es una reforma constitucional que va a aspectos de fondo", cuestionó el timonel.
En la misma línea, el diputado y subjefe de bancada del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, alertó que La Moneda "está dando un paso totalmente equivocado y peligroso".
"El Gobierno prometió solucionar los temas económicos y van en retroceso; prometieron soluciones a la seguridad y proponen autoritarismo. Y cuando no les gusta la Constitución —porque la ley que ellos están proponiendo la pueden considerar inconstitucional, en vez de modificar la ley y ajustar a la Constitución— deciden reformarla. Esa es una señal clara y manifiesta de que son unos autoritarios", fustigó el congresista.
Desde la Cámara Alta, en tanto, senadores como Matías Walker (Demócratas) y Karim Bianchi (independiente) catalogaron los alcances de la iniciativa del Ejecutivo como una "locura".
Los puntos centrales del proyecto del Ejecutivo
La reforma, que ingresó formalmente a través del Senado, contempla un conjunto de medidas orientadas al combate contra el crimen organizado y el terrorismo, entre las que destacan la inhabilitación, mediante ley de quórum calificado, de prestaciones sociales (salud, educación, participación en sindicatos y seguridad social) para condenados hasta por 15 años después de cumplida la pena.
El texto también otorga la facultad al Presidente de la República para declarar a una entidad como organización terrorista o de crimen organizado, previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
Además, crea un estado de excepción constitucional de seguridad pública, aplicable ante una "calamidad y amenaza grave e inminente o afectación grave de la seguridad" y que el Ejecutivo podría extender hasta por ocho meses antes de requerir la aprobación del Congreso, otorgando facultades para suspender libertades de locomoción y personal, así como para interceptar, abrir o registrar comunicaciones.
Paralelamente, el Gobierno impulsa iniciativas como una nueva ley anti-barricadas que busca penalizar interrupciones de tránsito (incluido el Metro). Según precisó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, bajo este esquema el derecho a manifestarse debería ejercerse principalmente en plazas, parques o recintos privados.
