Sectores del oficialismo endurecieron el tono tras el retiro del Gobierno del mecanismo que proponía juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años que cometieran delitos de extrema gravedad, como homicidios o secuestros, y optara por mantener otras indicaciones para endurecer la ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
La propuesta fue anunciada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, pero fue descartada tras un proceso de diálogo con alcaldes, expertos y parlamentarios, lo que motivó a reacciones divididas y diversos reparos tanto a reducir la edad de imputabilidad como a reinstalar un sistema similar de discernimiento que estuvo vigente antes de la reforma del 2007.
El senador Pedro Araya (PPD), presidente de la Comisión de Constitución, espera que se genere un "debate técnico en torno a poder definir cuál es la mejor política criminal para hacernos cargo de aquellos jóvenes infractores de ley que cometen los delitos más graves y que son multirreincidentes".
"No descarto, y se lo he señalado al Gobierno, apoyar una modificación que permita que aquellos jóvenes entre 16 y 18 años que cometen los delitos más graves -y esto es en ocasiones reiteradas- puedan responder como adultos", afirmó.
El senador Karim Bianchi fue un poco más duro y afirmó que "el constante vaivén del Gobierno en materias de seguridad lo que hace es reflejar la incapacidad crónica que tiene para sostener una línea firme ante la criminalidad de alta gravedad".
"Primero nos avisan que van por una línea firme, pero ahora pretenden suavizar el tratamiento penal y esto genera ya un quiebre en sus propias filas. Creo que esto es desconectarse por completo de la realidad que se vive en las calles y en los liceos", aseveró.
Entre las principales modificaciones, el Ejecutivo propuso que los adolescentes condenados por delitos graves cumplan obligatoriamente sus condenas en un régimen cerrado cuando la pena sea igual o superior a tres años y un día; ante esto se elimina la posibilidad de que en esos casos puedan acceder a libertad asistida especial.
Asimismo, también endurecer las reglas para sustituir una condena de internación cerrada, estableciendo que el adolescente deberá cumplir al menos un tercio de la pena antes de que un tribunal pueda evaluar un cambio de una sanción menos restrictiva.
El diputado Jaime Coloma (UDI) planteó que "la Ley de Responsabilidad Adolescente no está dando el ancho con lo que hoy día vemos en nuestro acontecer nacional. Es por eso que volvemos a solicitar al Gobierno que mire nuestra indicación con el fin de poder evaluar de buena manera que, frente a crímenes de adultos, penas de adultos".
"Uno puede llegar a entender la buena voluntad del Gobierno de avanzar en distintas medidas y lo agradecemos, pero creemos que sí o sí tiene que incorporarse que para jóvenes de 16 y 17 años se tienen que hoy en día evaluar como adultos", enfatizó.
El diputado Hans Marowski, vicepresidente del Partido Nacional Libertario, fue más allá y apuntó que "vimos a dos delincuentes de 16 y 17 años detenidos por lanzar bombas incendiarias que tienen el propósito de matar en el Instituto Nacional. Y esa es la realidad que hoy día está enfrentando Chile en nuestros colegios. Lo que corresponde es endurecer la respuesta del Estado, no seguir cediendo cada vez que hay una presión política".
Las 54 nuevas indicaciones del Ejecutivo continuarán su discusión en la Cámara Alta, donde el oficialismo ya anunció que buscará reponer la norma eliminada.
