La mesa directiva de la Cámara de Diputados solicitará el Ejecutivo reevaluar la instalación de una cárcel de máxima seguridad en la comuna de Santiago, tras una solicitud de la alcaldesa Irací Hassler (PC).
La decisión fue confirmada por la diputada Gael Yeomans (FA), quien planteó que "con la mesa directiva de la Cámara acordamos en conjunto con los parlamentarios presentes y con los alcaldes oficiar para poder conocer más detalles e informes técnicos respecto a la decisión que se está tomando, porque creemos que hay criterios que deben ser comprendidos".
"Lo que estamos pidiendo es una reevaluación, en donde también los actores claves, en este caso el Congreso, como también las alcaldías, tengan la posibilidad de conversar los lugares donde se va a generar un impacto con la posición tomada", agregó.
"Creemos que es importante que exista una disposición a conversar", insistió la parlamentaria.
La alcaldesa Hassler recriminó a su vez que "se habla por un lado de nueva cárcel, después se habla de ampliación", de lo cual desprende que "pareciera que se busca hablar de ampliación más bien para evitar cierta discusión parlamentaria, y eso creemos que no corresponde".
RESPUESTA DEL GOBIERNO
Desde el Gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que "las críticas, cuando se empezó a pensar este proyecto, siempre estuvo arriba de la mesa algo que la evidencia internacional y nacional demuestra de manera categórica, y es que donde quiera que se construya una cárcel siempre es polémico".
"El gobierno tiene clara su propuesta y la tiene que llevar al Parlamento, porque a pesar de que hoy día cambiamos la ley para facilitar la construcción de penales sigue siendo extremadamente largo el proceso, entonces para este proyecto específico tiene el Parlamento que entregar su aprobación a esta iniciativa", detalló.
Sin embargo, Tohá añadió que "hay algo que la alcaldesa está diciendo en lo que tiene toda la razón, el Estado de Chile lleva años construyendo recintos penitenciarios en ese lugar sin que se aseguren medidas permanentes de seguridad".
"Una de las cosas que vamos a proponer es que este proyecto, a diferencia de los que se han hecho históricamente, incorpore en la normativa que vamos a llevar al Parlamento el aseguramiento de un dispositivo de seguridad por ley, porque los vecinos tienen derecho a exigir una mitigación que se sostenga en el tiempo", anunció la autoridad.
El titular de Justicia, Luis Cordero, recordó que "el Congreso tomó la decisión, salvo que quieran desconocer eso ahora, de forma unánime, de ampliar los establecimientos penales que hoy día existen, esa es la decisión que tomó este Congreso".
"La segunda es una inquietud razonable y que el Ejecutivo comparte, son los impactos que generan los establecimientos penales en el alrededor de sus establecimientos. Eso pasa con las ampliaciones, pero pasa también con los nuevos, con cualquiera", añadió.
Cordero insistió en que "el Ejecutivo ha dado una comunicación que es fruto de un largo análisis. La decisión, en lo que se refiere a ese paño, es una decisión adoptada".