El Movimiento por el Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima) criticó este viernes el plan de racionamiento de agua en la Región Metropolitana anunciado por el Gobierno Regional Metropolitano, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y Aguas Andinas.
Se trata de un plan tipo "Paso a Paso" que contempla cuatro estados de alerta bajo los cuales se va a clasificar a los sistemas abastecidos por los ríos Maipo, hacia el sur de la ciudad, y Mapocho, en la zona oriente.
Esta alternativa no es apoyada por el Modatima, que realizó una fuerte crítica y acusó que se busca proteger a las grandes industrias y su funcionamiento, mientras restringe el agua para la población.
"Las actividades vinculadas al extractivismo y esquema primario exportador han provocado un escenario de sobreexplotación del agua. El modelo no solo es atenuante sino que promotor del estrés hídrico de nuestras cuencas. Es sequía y es saqueo", puntualizó la organización en un comunicado.
En está línea, el movimiento acusó que, al no tocar el modelo de gestión de agua, este tipo de medidas "solo traerá más sobreexplotación de las cuencas, sobredemanda de agua y la injusta distribución de las aguas".
Para la vocera nacional de Modatima, la convencional Manuela Royo, este tipo de acciones "protege la responsabilidad que tiene el gran empresariado en la crisis hídrica y restringe el consumo a las personas. Frente a eso la pregunta que surge entonces es: ¿Este racionamiento es para todos y todas? ¿Acaso las empresas paralizarán su funcionamiento por esta medida?".
"Es peligrosa y apresurada la decisión que ha tomado la gobernación de Santiago. La dieta del agua de las personas no es la solución, porque no es la causa del problema, sino que más bien la mala gestión de las empresas sanitarias que continúan lucrando", acusó, por su parte, la también vocera de Modatima y convencional , Carolina Vilches.
Ante esta situación de preocupación, Modatima propuso establecer un estado social garante de derechos que permita garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento en la nueva Constitución.