Investigadores de la UC plantearon la creación de un Consejo de Cuencas, un Observatorio de Aguas y una plataforma digital con inteligencia artificial.
Se calcula que el 80% de los recursos hídricos del país están en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Católica de Chile propuso fórmulas para prevenir y lidiar con los crecientes conflictos jurídicos en torno al agua en el país, que actualmente enfrenta la peor sequía de su historia.
Bajo el título de "Conflictividad judicial de aguas en Chile: caracterización y propuestas para mejorar su prevención y resolución", el trabajo compila, estudia, caracteriza y sistematiza las controversias resueltas por tribunales ordinarios superiores de Justicia respecto al recurso hídrico.
El estudio fue desarrollado por los investigadores de la UC Daniela Rivera, de la Facultad de Derecho; Guillermo Donoso, de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal; María Molinos, de la Facultad de Ingeniería; y Camilo del Río, del Instituto de Geografía.
El análisis contempló los fallos de la Corte Suprema y de Apelaciones entre 2009 y 2018, y sus resultados fueron presentados y discutidos este lunes en un panel en el Centro de Políticas Públicas de la UC.
"Este estudio nos permitió constatar una realidad, un hecho, que veníamos observando desde hace un tiempo, que es el incremento de la conflictividad por el agua en Chile y las complejidades que están asociadas a su resolución", comentó la investigadora Daniela Rivera a Cooperativa.
Según la académica, la investigación dio cuenta de la falta de precisión de los datos que el sistema judicial tiene en resoluciones del tema hídrico.
"Entre los principales problemas con que nos encontramos al iniciar este estudio fue la falta y dispersión de datos. No hay un sistema o una plataforma que reúna, que unifique de manera integral y actualizada, toda la información relativa a los conflictos por el agua en Chile, y eso interfiere y afecta la regulación y la gestión del recurso hídrico", expuso Rivera.
En este contexto, el informe propone una serie de ideas para enfrentar los conflictos jurídicos en torno al agua, entre las que destaca la creación de un Consejo de Cuencas, ente preventor y mediador de conflictos, y un Observatorio de aguas, que reúna a las instituciones judiciales que dirimen conflictos hídricos.
También proponen una plataforma digital que, mediante el uso de la inteligencia artificial (IA), clasifique y archive los casos relacionados a disputas por el agua.
Tanto la Ley Fundamental como el Código de Aguas de 1981 otorgaron a particulares derechos de aprovechamiento del agua gratuitos y a perpetuidad y les dejaron libertad para usar el agua como quisieran o vender esos derechos a precio de mercado.
Casi cuatro décadas después, se calcula que el 80 por ciento de los recursos hídricos del país están en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.
Cristián Delpiano, presidente del Tribunal Ambiental -que participó del panel que abordó el estudio este lunes- valoró la investigación como un insumo relevante.
"Desde la perspectiva de los privilegios de derechos de aguas, me parece que hay ciertas normas que están en la ley pero también hay ciertas normas que son constitucionales y que permiten ser interpretadas en el sentido de la priorización del consumo humano. Ahora, que falta expresarlo a lo mejor sería un elemento que va a estar en el debate en el futuro, sin embargo, creo que la priorización desde el punto de vista si es consumo humano, industrial o agrícola, es una cuestión que evidentemente en el debate se va a plantear fuertemente", indicó el abogado.
En ese sentido, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, manifestó su voluntad por trabajar en una reforma al Código de Aguas, en el que, según él, ya hay acuerdo con la oposición.
"Tenemos un principio de acuerdo con la oposición en muchos puntos, hemos ido acercando posturas, y todos coincidimos en que el agua es un bien nacional de uso público, que la primera prioridad la tienen las personas", aseveró el secretario de Estado.
El segundo principio, afirmó Walker, "es que no queremos especulaciones. El agua para los que realmente la ocupan", mientras que el tercer principio "es tener una certeza jurídica, un rayado de cancha claro para que en Chile siga habiendo inversión especialmente en el sector agrícola, que es el que ocupa el 75 por ciento del agua".
