La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despacho a la sala el proyecto que prorratea las deudas sanitarias y eléctricas que se dejaron de pagar durante la pandemia.
Durante la sesión, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, comentó que con la ley que prohibió a las compañías cortar los servicios básicos durante la pandemia "pasamos de tener aproximadamente cinco por ciento de los clientes en mora, a tener 11 por ciento, se duplicó, y la deuda se menos que duplicó, porque los que entraron en morosidad en general son más chicos. Y aumentó en 85 mil millones, es decir, del orden de 100 millones de dólares. Junto con esto, creo que es interesante ver cómo se produce esto, el 30 de junio del año 2020 ya teníamos más de 600.000 personas que estaban morosos".
El proyecto, junto con impulsar el pago de la deuda en 48 cuotas sin penalizaciones de intereses, establece que, para las personas bajo cierto nivel de uso de los servicios básicos, el pago mensual no podría superar el 15 por ciento de su consumo promedio durante el último año.
Guillermo Ramírez (UDI), miembro de la comisión de Hacienda, explicó que "el único requisito es que las personas paguen su cuenta de luz y de agua de lo que consumen normalmente". De esta forma, el Estado va a costear las cuotas adeudadas por cuatro años.
El diputado comunista Boris Barrera, integrante de la comisión, se mostró en desacuerdo específicamente con el criterio para este beneficio.
"El proyecto dice que establece subsidios a los clientes vulnerables. Entonces me parece inédito y me sorprende también la creatividad del Ejecutivo, que crea una nueva herramienta para medir la vulnerabilidad. Y en este proyecto están midiendo la vulnerabilidad por el consumo", dijo Barrera.
Sumado a las críticas, presentó dos indicaciones al proyecto uno para aumentar el techo de consumo para los beneficiarios y uno para suspender el beneficio al no cumplir con las cuotas en vez de cancelar lo que establece actualmente la ley. Sin embargo, ambas indicaciones fueron declaradas inadmisibles.
La indicación que sí fue aprobada fue la ingresada por el Ejecutivo, la que establece que en el caso de que las personas beneficiadas con el tope del pago de 15 por ciento terminen de ponerse al día y aún haya un monto pendiente de deuda, esto sería extinguido y las empresas prestadoras de dicho suministro podrán rendir este monto de diferencia como gasto tributario.
Sin embargo, la redacción de este punto en particular fue criticado porque deja sujeto a acuerdos con las empresas dicha anulación.
"Cuando usted habla de convenio, ya está remitiendo la efectividad de la ley a que hay acuerdo entre las partes. Si usted está poniendo en la ley que se extinguirá por acuerdo entre las partes, ya le está dando a las partes la voluntad y la soberanía para resolver, sustrayendo esto del imperio de la ley", criticó el diputado socialista Marcelo Schilling.
El proyecto de ley fue despachado a la sala de forma unánime y será votado este mismo miércoles, ya que la suspensión de corte de servicios básicos deja de regir este 31 de enero.
