Expertos advirtieron en El Primer Café que los nuevos plazos para restablecer servicios básicos implicarán mayores costos para las empresas.
Asimismo plantearon dudas sobre su aplicación en emergencias de gran magnitud.
Economistas de distintos sectores políticos advirtieron que las nuevas exigencias de reconexión de servicios básicos en situaciones de catástrofe podrían traducirse en mayores costos para las empresas y terminar reflejándose en las tarifas que pagan los consumidores.
En El Primer Café de Cooperativa, especialistas abordaron el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que rechazó por nueve votos contra uno el requerimiento presentado por el Gobierno contra la norma incorporada en la megarreforma que obliga a reconectar gratuitamente servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe.
La economista senior de Libertad y Desarrollo Macarena García sostuvo que "esto implica que los servicios básicos van a tener que tener más personal disponible, más seguridad (...) y eso, si eso es lo que queremos, bueno, eso tiene mayor costo y eso hay que pagarlo a través de las tarifas".
García agregó que "todos queremos unos servicios de excelente calidad, de la mejor calidad posible", pero enfatizó que "hay que entender que eso tiene un costo y eso se tiene que reflejar en tarifa".
El economista del Instituto Libertad Gustavo Díaz coincidió con el diagnóstico y cuestionó que la norma establezca plazos generales sin considerar las características de cada emergencia o zona del país.
"Las 48 horas para un país sísmico como nosotros es prácticamente imposible en algunas zonas del país", sostuvo. A su juicio, no realizar esa distinción "va a terminar generando una judicialización aquí de los problemas", junto con "más cargo en las tarifas".
La norma establece plazos de 48 horas para electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado. El Ejecutivo había llevado el artículo ante el TC argumentando que la disposición fue incorporada mediante una indicación parlamentaria que no guardaba relación con las ideas matrices de la megarreforma.
Desde Chile 21, Luis Eduardo Escobar también anticipó que "mientras más resiliencia uno quiera, más cara es la inversión en infraestructura, en personal permanente, en equipos de mejor calidad" y añadió que "como todo en economía, todo tiene un precio y aquí seguramente va a haber un precio si es que se insiste en esto".
El investigador de Rumbo Colectivo Rodrigo Echecopar, en tanto, puso el acento en la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta de los servicios básicos ante emergencias.
"Muchas veces cuando hay emergencias, la fragilidad del sistema eléctrico queda expuesta y quedan muchos hogares sin suministro por bastantes días", recordó aludiendo al sistema frontal de julio que dejpi a cerca de 460 mil hogares sin suministro eléctrico a nivel nacional.
Aunque reconoció que la regulación puede requerir ajustes, Echecopar defendió que la norma incorpora un incentivo para aumentar la resiliencia del sistema.
"Busquemos una manera en que tengamos mayor resiliencia, porque las fiscalizaciones como han existido hasta ahora pareciera ser que no han dado suficiente incentivo a que podamos mejorar la resiliencia del sistema y garantizar un buen servicio a las personas", concluyó.
