Enel presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional este lunes, mediante el cual busca impugnar la ley que impide la interrupción de servicios básicos por deudas morosas en el caso de 97 clientes que -a su juicio- pueden saldar sus cuentas, y cuyo monto pendiente asciende a 267 millones de pesos.
La empresa cuestionó que la Ley de Servicios Básicos fuera invocada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en un oficio en el que ordenó a Enel reponer el suministro eléctrico "a un grupo de sus clientes de más altos consumos, que habían sido desconectados por encontrarse en mora pese a su evidente capacidad de pago".
Esto, por cuanto la ley "fue concebida para ir en ayuda de los hogares vulnerables en el contexto de crisis social y económica derivada de la pandemia por Covid-19", de manera que arguye que el regulador "no hace una distinción tan básica para el objeto de esta norma, como la capacidad de pago de las personas".
"Desde el principio de la pandemia hemos puesto nuestros esfuerzos en ayudar a los clientes que se han visto más afectados por las consecuencias de esta crisis. Sin embargo, no existe ninguna justificación para otorgar un beneficio a quien no lo necesita", fustigó el gerente general de Enel, Ramón Castañeda.
La compañía además reclamó ante el TC que la medida en general "transgrede la garantía constitucional de igual repartición de las cargas públicas", pues son las empresas las que deben asumir los costos de ella siendo que beneficia a gran parte de la comunidad, y por ende, está en la categoría de costos que maneja el Estado o son financiados con impuestos.
Enel ya presentó otro recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones en julio pasado por la decisión de la SEC, pidiendo evitar un "uso abusivo" de la normativa, acción que sigue en tramitación.
