El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, principal impulsor de la iniciativa de distribución de gas "a precio justo" por parte de los municipios, dijo a Cooperativa estar convencido de que, pese al dictamen negativo de la Contraloría, la idea seguirá adelante y se concretará próximamente.
"En el supuesto caso que mantenga su decisión, nosotros sí podemos formar una asociación de municipios que sí va a dedicarse a actividad comercial sin desnaturalizar la función principal de los municipios, y en el caso de una actividad pública, no pretender fines de lucro", sostuvo en conversación con Cooperativa.
De esta forma, el jefe comunal enfatizó en que los alcaldes buscarán continuar con la iniciativa ya que son como "monos porfiados en el afán de servir a los vecinos", y destacó la "plasticidad" que tuvieron para enfrentar el contexto del estallido social y a la pandemia, asegurando que jugaron "un rol no solo político y administrativo, sino que también humano".
Según detalló, la ley 18.695 de orgánica de los municipios les otorgan "una serie de funciones específicas en las que aparece el cuidado de la salud y el medioambiente". "Lo que nosotros tendremos que hacer es argumentar muy bien para que el Contralor y la Contraloría General de la República entienda perfectamente que vamos detrás de ese objetivo", concluyó.
Parlamentarios tomarán acciones
Rivas también se refirió a una declaración de un grupo de diputados de oposición que plantearon la posibilidad de "presentar un proyecto de ley para permitir la autorización a las municipalidades del país para actuar en la distribución y comercialización del gas", según mencionó el diputado Gastón Saavedra.
El senador electo se refirió también al proyecto que pretende "autorizar a ENAP para que participe del negocio", que se está debatiendo en la Comisión de Minería. De esta manera se comenzarían a "resolver los problemas planteados por la Fiscalía Nacional Económica, que establece que este mercado oligopólico necesita un o varios integrantes en la industria".
El diputado Raúl Soto del PPD explicó que lo presentado es "una ley orgánica constitucional que faculta expresamente a los municipios de Chile para la distribución minorista, para el transporte y almacenamiento de gas licuado en nuestro país".
A partir de allí, según dijo, "los municipios pueden hacer efectivamente convenios con la ENAP y avanzar en la tramitación y autorización de la superintendencia".
Al respecto, el alcalde Rivas manidestó que "se hace necesaria la ley porque nos va a permitir no solo entrar en el mercado del gas con una actividad que va a significar, en alguna medida, una transacción".
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"Debe prevalecer el bien común"
Lo expresado por la Contraloría provocó reacciones de otros alcaldes, como el caso de Juan Carlos Díaz de Talca, quien afirmó que en este contexto "debe prevalecer el bien común", considerando que "hay muchas personas que no pueden adquirir productos esenciales", como el caso del gas licuado.
Mediante un comunicado aseguró que los pensionados que reciben alrededor de 155 mil pesos por la Pensión Básica Solidaria, no pueden solventar los gastos mensuales en el contexto actual. Al valor del gas, "súmele la alimentación, el consumo eléctrico, agua potable, los medicamentos; la ecuación no da por ningún lado", dijo.
"Eso no nos puede ser indiferente y tenemos que aunar los esfuerzos y buscar la fórmula para corregir esta inequidad" en los bienes y servicios esenciales.
