El fallo mantiene el artículo de la megarreforma que obliga a restituir sin costo los servicios básicos suspendidos por no pago en zonas de catástrofe.
El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este martes, por nueve votos contra uno, el requerimiento presentado por el Gobierno contra el artículo 31 de la megarreforma, que obliga a las empresas a reconectar gratuitamente servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe.
La decisión representa un revés para el Ejecutivo y mantiene en el proyecto la disposición que beneficia a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas cuyos suministros hayan sido suspendidos por no pago antes o durante la emergencia.
La norma establece que las compañías deberán reponer el agua potable y el alcantarillado en un plazo máximo de 24 horas, mientras que para los servicios de electricidad y gas fija un límite de 48 horas, contadas desde la solicitud del usuario.
Además, la reconexión deberá realizarse gratuitamente y sin exigir el pago previo de las deudas.
En representación del Presidente José Antonio Kast, el abogado Joaquín Palma sostuvo durante la audiencia que la disposición impulsada por la oposición se encontraba fuera de las ideas matrices de la iniciativa del Ejecutivo.
El argumento coincidió con lo planteado previamente por ministros de Estado, quienes defendieron la decisión del Gobierno de acudir al organismo.
El jurista también aseveró que los plazos fijados para restituir los suministros podían implicar un riesgo para la vida y la seguridad de los trabajadores y clientes, especialmente en zonas afectadas por incendios u otras emergencias.
Sin embargo, el pleno del Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento por una amplia mayoría y mantuvo vigente el artículo aprobado por el Congreso.
El recurso había generado cuestionamientos dentro del propio oficialismo, aunque el Presidente Kast afirmó que "lo importante" era que el Gobierno actuaba de manera coordinada.
La resolución despeja uno de los últimos obstáculos para que el Mandatario pueda promulgar la megarreforma, cuyo despacho permanecía pendiente de la determinación del tribunal.
En la última jornada, la ministra de Energía, Ximena Rincón, había reafirmado en Cooperativa que, si el artículo era eliminado, el Gobierno ingresaría un proyecto enfocado exclusivamente en la reposición gratuita de servicios básicos durante catástrofes, aunque con plazos distintos a los contemplados en la norma cuestionada.
