El Ejecutivo preparó documento para que intendentes, gobernadores y otras autoridades repitan las "ideas fuerzas" contra el paro.
Texto recalca que éste es un paro "ilegal", "dañino" e "injustificado".
El texto, distribuido a intendentes y gobernadores, recalca que este es un paro ilegal, dañino e injustificado.
"El lunes, insisto, en ninguna oficina del Registro Civil se hará ninguna actuación, el paro se radicaliza el lunes. El lunes no hay turnos humanitarios".
Esa fue la advertencia que lanzó la presidenta de los funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, el jueves y que el Gobierno tomó en cuenta para diseñar un plan de contingencia que permita la continuidad del servicio.
El Ejecutivo preparó una minuta con "ideas fuerza" que envió a los intendentes, gobernadores y otras autoridades respecto de la postura que deben manifestar al ser consultados por la movilización.
Entre estas "ideas fuerzas" se señala que lo que "el Gobierno está haciendo es cumplir con su deber de resguardar la continuidad de los servicios del Estado" ante la "actitud inflexible de la dirigencia de los funcionarios del Registro Civil".
"Se trata de un paro ilegal. Los funcionarios públicos no tienen derecho a huelga y su principal deber es prestar los servicios que les han sido encomendados por la Ley. Lo que hemos planteado es que depongan la movilización para volver a dialogar, porque no podemos llegar a acuerdos con los ciudadanos de rehenes de por medio", indica la minuta.
Un paro "injustificado" y "dañino"
El documento profundiza que éste es un "paro injustificado", pues el Ejecutivo "ha atendido reiteradamente las demandas de los trabajadores del servicio, lo que se ha traducido desde el 2008 a la fecha en un aumento del 50 por ciento real en promedio de sus remuneraciones" y apunta a destacar que los trabajadores piden una bonificación cuando "el sueldo promedio nacional (INE 2014) es de $ 473.000 (pesos) y el sueldo promedio de los trabajadores del Registro Civil es de $ 1.024.000". Eso sí, advierte de reportes de prensa que advierten de que "el sueldo promedio no alcanzaría los $ 900.000 brutos".
El texto recalca, además, que éste "es un paro dañino porque afecta a los ciudadanos en trámites muy sensibles y que deben necesariamente realizar en persona", una situación ante la que el "Gobierno ha tomado todas las medidas para que este paro ilegal afecte lo menos posible a la población", recordando las medias administrativas iniciadas para "restablecer el normal funcionamiento del servicio lo antes posible".
"Tal como lo señala el protocolo de acuerdo firmado en agosto de 2014 por la autoridad ministerial, la dirección nacional del servicio y la presidenta de la asociación de funcionarios, no existe ningún compromiso pendiente de parte de la autoridad", sostiene el Ejecutivo.
En la minuta se califica como "falso el argumento de la dirigencia gremial en cuanto a que no ha habido propuestas y diálogo de parte de la autoridad. Incluso no habiendo compromisos pendientes, se le propuso a la directiva de los funcionarios la posibilidad de tramitar un proyecto de ley durante el próximo año para avanzar en nuevos instrumentos para la obtención de mejoras durante 2017".
Este lunes será así una jornada clave para ver si la planificación del Gobierno logra mejorar el servicio para la ciudadanía o este empeora bajo la "radicalización" anunciada por los funcionarios.
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