El Registro Civil presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de grupos que vendían horas de atención para el servicio, incluyendo a un funcionario de la repartición.
La institución aseguró que estos sujetos incurrieron en el delito de cohecho, creando un "mercado ilícito que obliga a las personas que requieran atenciones de urgencia o que no conocen el procedimiento virtual, a pagar por un turno de atención".
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que el hecho "es muy grave, como gobierno en todos estos casos no solamente vamos a apoyar todo el proceso de investigación, porque nadie puede estar sobre la ley y menos desde servicios que son públicos".
El titular de Justicia, Luis Cordero, recalcó que "es un hecho grave, intolerable y el director del Registro Civil tiene instrucciones de ser implacable en este tipo de hechos (...) y tiene instrucciones para generar mecanismos de gestión para la atención, que es un proyecto que tiene que presentar en los próximos días".
Humberto Miranda, presidente de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Registro Civil, dijo que "condenamos enérgicamente cualquier atisbo de corrupción que pueda haber, venga de donde venga, ya sean funcionarios o de afuera. Nosotros estamos muy preocupados, porque esto también es producto de una política de agendamiento que desde un principio no ha satisfecho a la ciudadanía y ha hecho que estos actos de corrupción también se vean facilitados por esta situación".
"Las personas que esperan recibir pronto su pasaporte, su cédula, hacen cualquier cosa porque lo saquen lo antes posible y ahí es donde caímos en eso", añadió.
"En todo caso, es un solo funcionario que cayó en este acto de corrupción, que se está investigando además y esto no empaña a los más de tres mil funcionarios que abnegadamente trabajamos todos los días en este servicio", sostuvo.