Samuel Donoso aseveró que nueva audiencia no tiene sentido.
Defensora de ex jefe del SHOA cree que la fiscalía está "asustada".
El abogado Samuel Donoso, representante del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, criticó este martes la solicitud de reformalización pedida por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, donde se incorporarán nuevos antecedentes a los ocho imputados en la causa por la responsabilidad de la fallida alerta del 27 de febrero de 2010.
"¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que la formalización que se hizo el año pasado estaba incompleta, equivocada, esta errada?", fustigó.
Donoso agregó que "justificar esto en base a la nueva orden de investigar de la PDI no tiene ningún sentido, porque la nueva orden de investigar la verdad es que no aporta nada nuevo. Son hechos que ya se conocían".
"En consecuencia, a nosotros nos llama profundamente la atención y nos preocupa. O sea, se tuvo al país durante una semana pendientes de una formalización. Ha habido personas que han estado con medidas cautelares durante todo un año por una formalización que no está completa", señaló.
La defensora penal pública Paula Vial, que defiende al capitán de corbeta en retiro Andrés Enríquez -el ex jefe de turno del SHOA-, quien sostuvo que la petición se toparía con una solicitud de sobreseimiento que está fijada para el próximo 25 de marzo.
"Creo que la fiscalía debe estar asustada por esa instancia. O sea, nadie puede pretender reformalizar y que después inmediatamente a continuación se disputa el sobreseimiento respecto de unos hechos que, de acuerdo a lo que la fiscalía propone, serían nuevos".
Afirmó que "no tiene ningún sentido y por eso es que digo que se trata más bien de una triquiñuela, una forma de alargar, de evitar la discusión ante el tribunal de una situación que nosotros estimábamos que probablemente sea favorable a nosotros".
Críticas de la parte querellante
Mientras que desde la parte querellante, el abogado Raúl Meza planteó que con esta reformalización se está cerrando el círculo sin tomar en cuenta las presuntas responsabilidades penales de otras autoridades, como el ex intendente del Bíobio, Jaime Tohá; el ex jefe de la segunda zona naval, almirante en retiro Roberto Maquiavelo; y los capitanes de puerto de las cuatro regiones que fueron afectadas por el terremoto y tsunami.
"Me parece que el Ministerio Público, a esta altura de la investigación, ha entrado en un miedo y un temor. Hay por parte del Ministerio Público una estrategia judicial en el sentido de abocarse exclusivamente a los que hoy tienen la calidad de imputados y puedan sustentar una eventual acusación penal".
"No amplía sus acusaciones a nuevas personas y respecto de nuevos delitos. Aquí hay una actitud vacilante y amorata por parte del Ministerio Público", apuntó.
Meza sostuvo además que le pedirá este martes personalmente al Presidente Sebastián Piñera que declare en la causa como testigo.
Fecha de la audiencia
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 25 de marzo la audiencia de reformalización de cargos que solicitó la Fiscalía Metropolitana Occidente en contra de los ocho imputados.
De esta manera se realizará en la misma jornada, la petición de sobreseimiento por parte de las defensas de los imputados, entre los que destacan Rosende, y la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández.
En la audiencia se conocerán los nuevos antecedentes del segundo informe de la Policía de Investigaciones, lo que llevaría al Ministerio Público a replantear las acusaciones en contra de los ocho imputados que desde mayo de 2012 se encuentran con medidas cautelares de arraigo nacional y firma ante la Fiscalía.
También en aquella fecha se discutirá la petición de los abogados defensores de que los imputados sean sacados del caso, debido a que consideran que no cometieron el cuasidelito de homicidio en contra de las 156 personas fallecidas y 25 desaparecidas que se les asigna.
