Este lunes se realizó en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la primera jornada de audiencias para discutir la suspensión condicional del procedimiento que la Fiscalía Metropolitana Occidente acordó con los seis imputados por la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010.
Al comienzo de la jornada el fiscal José Luis Pérez Calaf informó el contenido del acuerdo que involucra al ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett y los marinos del SHOA Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina.
El acuerdo consiste en el pago de 235 millones de pesos en total por parte de los seis imputados a repartir entre los familiares de las víctimas, 10 millones de pesos para financiar un seminario a realizarse a más tardar el primer semestre de 2017 y la lectura de una declaración pública, la cual no incluye un reconocimiento de culpa.
Los imputados aceptaron el acuerdo, en tanto que los familiares de las víctimas que alcanzaron a dar su testimonio ante la jueza Carolina Gallardo lo rechazaron y ante la magistrada exigieron justicia por sus deudos, destacaron el trabajo de la fiscal Solange Huerta, pidieron que se condene a los "culpables" y calificaron el acuerdo como "inaceptable" y una "vergüenza nacional".
Una de las personas que habló este lunes fue Tania González, quien perdió a su hijo de cinco años en la tragedia, relató que "por culpa de ellos ya no lo tengo hoy día, yo no le puedo decir 'feliz cumpleaños', no le puedo dar un regalo en Navidad, por la negligencia de ellos. Ellos hubieran dado una alerta a tiempo, él estaría conmigo".
Sobre el acuerdo, la afectada remarcó que "para mí es una burla, para mí no es justo, esto que ellos están haciendo no es justo, le digo a usted (dirigiéndose a la jueza) que se ponga la mano bien en el corazón y me diga que lo que ellos están haciendo no es justo".
Gabriela Sepúlveda, en tanto, criticó que "estas personas no hicieron bien su trabajo. Que una persona en nuestro país, bien parada y bien nacida, debe dar disculpas públicas, no después de seis años, cuando el daño ya está hecho".
Durante la jornada de hoy alcanzaron a prestar testimonio sólo 34 familiares del total de 141 que se querellaron en la causa, y que son representados por 35 abogados.
"Totalmente legal"
En tanto, el abogado de Carmen Fernández, Luciano Fouillioux, afirmó que "esta es una propuesta hecha por el Ministerio Público, la cual nosotros creemos que es totalmente legal dentro del procedimiento, está establecido en la ley, no es nada nuevo, lo único nuevo es la extensión del juicio y el umbral de penalidad para el evento que se pide en el juicio".
Ante los testimonios de los familiares de las víctimas, Fouillioux dijo que "ella (Fernández) es una persona muy digna, de mucha experiencia, no lo es indistinto porque no lo puede ser. Creo que para ninguno de los que estábamos en la sala lo fue".
La audiencia finalizó pasadas las 16:50 horas y proseguirá a las 09:00 de la mañana de este martes con el testimonio de los familiares que restan y de los abogados querellantes en la causa, tras lo cual la jueza Gallardo determinará si acoge o rechaza la salida alternativa.
