Pedir perdón y una compensación son las condiciones que propuso el Ministerio Público para suspender el proceso.
En el caso de los marinos involucrados, ellos se opusieron a esta salida y pretenden llegar a juicio.
"Entiendo que de aquí al viernes debiera haber una respuesta", dijo el fiscal José Luis Pérez Calaf.
Este viernes, en el caso de la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010, las defensas de los acusados terminarán de responder a la Fiscalía si es que aceptan o no las condiciones exigidas para la suspensión del proceso.
Pedir perdón y una compensación, que en el caso del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende podría llegar a los 80 millones de pesos, son las condiciones que propuso el Ministerio Público para suspender el procedimiento contra los seis acusados y evitar la realización de un juicio oral.
Ya se han concretado dos reuniones, pero aún no hay una respuesta definitiva.
"Entiendo que de aquí al viernes debiera haber una respuesta. Después de esa respuesta del viernes espero poder citar a los querellantes", dijo el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf.
"Siempre tengo en consideración los intereses de las víctimas, no va a haber una solución ni judicial, ni jurídica, ni social que vuelva a la vida a las personas", reconoció el persecutor.
Ex directora de Onemi en la misma línea
El abogado Luciano Foulliox, quien representa a la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, detalló también que están trabajando en el acuerdo.
"Hemos estado evaluando las propuestas y esperamos que podamos llegar a un punto de encuentro. No me voy a referir a montos, porque no es algo que esté concluido todavía, hay un esfuerzo importante del Estado en esto para dar, ojalá, por cerrado una situación que no debió haberse iniciado nunca", manifestó.
En el caso de los marinos involucrados, ellos se opusieron a esta salida y pretenden llegar a juicio, pues confían en ser absueltos en esa instancia.
Abogados querellantes no están conformes
La suspensión condicional implicaría un plazo de un año para cumplir las condiciones y, además, no quedará constancia en el extracto de filiación y antecedentes, pero los abogados querellantes no están conformes.
"queremos que se nos explique adecuadamente por parte del Ministerio Público en esta reunión tan esperada", dijo el abogado querellante Alfredo Morgado.
En tanto, el abogado Carlos Fairlie, ligado a RN y la UDI, aseveró que "todas las personas de las esferas más altas políticas y técnicas, como la señora Fernández y el señor Rosende, no van a enfrentar un juicio oral. Aquí ni siquiera se da la posibilidad de establecer responsabilidades".
Acusan discriminación entre distintos imputados
El único condenado en el caso es el ex jefe de turno del Centro de Alerta Temprana, Osvaldo Malfanti, a quien la fiscal de entonces, Solange Huerta, le negó una suspensión condicional.
Su abogado, Felipe Polanco, apuntó a un cambio de criterio en el Ministerio Público.
"Osvaldo optó al procedimiento abreviado que implicó una condena. Si bien es cierto, Osvaldo está absolutamente tranquilo con la decisión que tomó, me llama la atención que se esté discriminando entre distintos imputados que se encuentran en la misma situación", declaró.
Parte del dinero a pagar por parte de los acusados tiene como finalidad costear un informe para mejorar protocolos de emergencia, mientras que la fecha de preparación para el juicio oral es el próximo 14 de marzo.
