El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento que presentó hace casi un año el ex jefe de turno del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mario Andina para frenar la indagatoria en su contra por la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010.
Con esto se reactivara la causa, que está en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y que tendrá que fijar una audiencia para preparar el juicio oral contra seis imputados, entre ellos el ex subsecretario del Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet Patricio Rosende y quien fuera la directora de la Onemi en ese entonces, Carmen Fernández, ambos acusados de cuasidelito de homicidio reiterado.
El abogado querellante, Raúl Meza, apuntó que "llevamos más de cinco años de la tragedia del tsunami y la verdad es que aún no tenemos quienes son los autores cómplices y encubridores de estas 156 muertes".
"Hoy día el Tribunal Constitucional zanja un tema jurídico y abre la puerta para que hoy día el Ministerio Público fije fecha de audiencia de preparación de juicio oral y finalmente, que es lo que queramos todos, se determine a corto plazo quienes son los autores intelectuales y materiales de esta tragedia que enlutó al país", añadió.
Por su parte, el abogado defensor, Gonzalo Medina indicó que "lamentamos que el recurso de inaplicabilidad interpuesto haya sido rechazado y entendemos que lo que corresponde ahora efectivamente es la realización de la audiencia de preparación del juicio oral".
"Lo que pasa es que nosotros sostenemos y seguiremos sosteniendo que no hay responsabilidad imputable a mi representado y por lo tanto nosotros no estamos en el escenario de condena, sino en el escenario de una absolución, que entendemos que es lo que corresponde y en todo caso, estamos hablando aquí de penas solicitadas muy bajas", continuó.
En tanto, el fiscal Andrés Castellanos valoró la medida, agregando que "estamos conformes con la resolución del tribunal, era lo que esperábamos conforme a lo que nosotros alegábamos ante el tribunal, lo importante es que la resolución nos deja satisfechos y lo que pretendemos hacer ahora es lo que pretendíamos hacer desde el año pasado, continuar con el curso normal del plazo".
La Fiscalía Occidente ha pedido 818 días de reclusión menor en su grado medio por la muerte de 156 personas y la desaparición de otras 25 durante el terremoto y maremoto del pasado 27 de febrero de 2010.