Los sobrevivientes del edificio Alto Río, que colapsó en Concepción tras el terremoto de 2010, aún no han sido indemnizados debido a que existe una deuda de 200 millones de pesos por concepto de contribuciones.
El abogado de varios damnificados, Enrique Hernández, resumió a Las Últimas Noticias que "después del derrumbe, primero hubo un juicio por la responsabilidad penal de los dueños de la constructora. En un primer juicio, solo se condenó al ingeniero calculista. Se apeló y en un segundo juicio se encontraron culpables, aparte del calculista, a los dueños de la constructora Socovil".
"Paralelamente, se presentó una demanda compensatoria, cuyo fallo ordenó a pagarles a las víctimas una indemnización total de 4.000 millones de pesos, pero la empresa y los propietarios no tenían ese monto. Han vendido algunas cosas, pero por muy debajo de lo que debían. Entonces surgió la posibilidad de que les cedieran a los vecinos los terrenos donde estaba el edificio y un sitio eriazo ubicado al lado. Aquí empezaron los problemas", agregó el letrado.
Esto debido a que aquel sitio eriazo mantiene una deuda de 200 millones de pesos por no pago de contribuciones.
TERRENOS NO PUEDEN SER VENDIDOS
Debido a lo anterior, el abogado señaló que sus clientes no pueden vender ningún terreno si es que existe una deuda por no pago de contribuciones y que tampoco tienen los recursos económicos para poder solventar la deuda.
"No solamente ocurre que mis clientes no tienen para pagar los 200 millones, sino que es injusto que lo hagan. Han sufrido demasiado y no es su culpa el no pago de estas contribuciones. Mandaron una carta a la Tesorería pidiendo una condonación, pero la respuesta fue que no podían condonar, pero podrían dividir el monto en cuotas menores. Pero eso no nos sirve, porque hay que pagar los meses que le siguen y el monto es demasiado", enfatizó el abogado.
Hernández afirmó que solicitaron a la Tesorería General de la República una baja sustancial del monto adeudado, pero que no han tenido respuesta positiva hasta ahora, por lo que los afectados deberán seguir esperando, en un caso que se ha extendido por más de 13 años.
