La Corte Suprema confirmó la condena contra el Estado por la muerte de María Angélica Erices, residente de Juan Fernández.
Ésta se basa en la "falta de servicio" que prestaron la Onemi y el SHOA durante la madrugada de la catástrofe.
La madre y tres hermanas de la víctima serán indemnizadas por concepto de "daño moral".
La Corte Suprema condenó al Estado de Chile a pagar 110 millones de pesos -por concepto de "daño moral"- a la familia de una residente de la isla Robinson Crusoe del archipiélago Juan Fernández que falleció a consecuencia del tsunami del 27 de febrero de 2010.
En fallo unánime la Tercera Sala del máximo tribunal ratificó la sentencia que condenó al fisco por el deceso de María Angélica Erices Oñate (35 años) en consideración de la "falta de servicio" en la que incurrió el Estado a través de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), por no advertir debidamente a los habitante de Juan Fernández sobre el riesgo de tsunami.
"Es manifiesto que tales entes públicos fueron creados para funcionar ante la ocurrencia de catástrofes naturales. Esto es, su funcionamiento fue concebido cuando existan circunstancias anormales o extraordinarias, por lo que no es posible aceptar, como postula el demandado (el Estado), que la ocurrencia de un terremoto de una intensidad de 8,8 grados Richter implique desde ya la inexigibilidad de las tareas encargadas a dichos servicios estatales", señaló la sentencia.
La Suprema indicó que los jueces de primera instancia concluyeron "adecuadamente" que "existen elementos de juicio suficientes para establecer que ambos organismos del Estado desplegaron un servicio de comunicación deficiente y no ajustado a los protocolos vigentes respecto de la alerta de maremoto que debía ser entregada a la población de Juan Fernández".
"Sin perjuicio de la gravedad del sismo, resulta evidente que tales reparticiones públicas no desarrollaron con eficacia las labores de prevención, coordinación y auxilio que el ordenamiento jurídico les había encomendado ante situaciones de catástrofes, todo lo cual permite afirmar que se incurrió en falta de servicio", agrega el fallo (ver archivo adjunto).
El monto total de la indemnización se dividirá en 60 millones de pesos para la madre de la víctima (Alba Oñate), 20 millones para sus hermanas Ana María Erices y Verónica del Carmen Erices y otros 10 millones para Fabiola Muñoz, también hermana de la fallecida.
